el Gobierno español ha vuelto a poner en jaque el autogobierno vasco en una materia tan sensible como los acuerdos de seguridad. La Hacienda del Estado ha impugnado la largamente esperada OPE para la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza en 250 plazas y lo ha hecho desentendiéndose de los acuerdos comprometidos por el Ministerio del Interior, como apunta la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en la entrevista que publica hoy DNA. El Gobierno del PP ha formalizado un recurso ante el Tribunal Superior del País Vasco basándose en la limitación que pesa sobre la oferta de plazas de empleo público en todas las administraciones del Estado -impuesta por la política europea de contención del déficit- pero pasando por alto el carácter bilateral de la Junta de Seguridad y los acuerdos que han emanado de este órgano en los últimos años. El recurso contra la 25ª promoción de la Policía vasca ignora, además, el artículo 17 del Estatuto de Gernika, así como la Disposición Primera de la Constitución, lo que confiere a la Ertzaintza un régimen especial respecto a otros funcionarios públicos. Y respecto al volumen de la plantilla de la Ertzaintza, el acuerdo logrado en 2004 en la Junta de Seguridad estipulaba las necesidades de plantilla en 8.000 agentes, cifra para la que el próximo año aún se necesitarían 158 agentes más en un cuerpo cuya media de edad está en los 46 años y casi la mitad de sus integrantes se jubilará en la próxima década. O quizás no es que el Gobierno del PP ignore todas estas disposiciones legales, sino que pretenda precisamente menoscabar el autogobierno vasco en aquellas materias que el Estatuto otorga preferencia competencial al Ejecutivo autónomo, como en el caso de la policía integral. Además, este nuevo recurso se presenta menos de un año después de que el PNV lograra en el Senado un acuerdo para paralizar otra impugnación idéntica contra la anterior promoción de la Ertzaintza de 120 plazas. Esto viene a confirmar que el Ejecutivo español -y en esto han coincidido tanto los mandatarios del PP como del PSOE- supedita el desarrollo estatutario a su voluntad política o a las negociaciones coyunturales en Madrid en función de las necesidades parlamentarias del gobierno de turno y no al mero cumplimiento pactado de la legalidad.
