Las conclusiones de los ocho informes sobre autogobierno elaborados por el Gobierno que preside Iñigo Urkullu a petición de la Ponencia del Parlamento Vasco que analiza la situación y la necesidad de una actualización del mismo son más que concluyentes. Y lo son tanto respecto a los déficits en el cumplimiento de los acuerdos logrados hace cuatro décadas, como sobre la deriva recentralizadora del Estado con origen en la Loapa (1982) y su exponencial impulso desde el Gobierno español durante la última legislatura (aunque no solo), con una actividad política y legisladora restrictiva de los derechos de la sociedad vasca y de Euskadi como nacionalidad histórica. Que aún hoy, 35 años, 9 meses y 22 días después de que la sociedad vasca aprobara en referéndum el 25 de octubre de 1979 -con un 90,2% de los votos emitidos- el Estatuto de Gernika, este siga sin cumplirse, con 24 materias pendientes de transferir y ocho aún sin ejecutar plenamente, es el mejor resumen del escasísimo interés de los sucesivos gobiernos españoles, a lo largo de diez legislaturas y con seis presidentes distintos, por cumplir con una ley orgánica incluida en el denominado “bloque constitucional” y emanada de los acuerdos multilaterales que permitieron en el Estado la transición hacia la democracia en la segunda mitad de los setenta del pasado siglo. Ahora bien, esos déficits y la pretensión recentralizadora y homogeneizadora de los gobiernos del Estado no suponen únicamente un incumplimiento político que lleva a cuestionar los acuerdos sobre los que se fundamentó entonces el denominado Estado de las Autonomías y, por tanto, el mismo entramado constitucional y la inserción en el mismo de Euskadi toda vez que poseedora de derechos históricos que la misma Constitución ampara en su Disposición Adicional Primera; además inflige a la sociedad vasca, a través de la incapacidad práctica para contar, como apuntaba ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con mayores posibilidades presupuestarias, las consecuencias de dicho incumplimiento político en la calidad de los servicios y las cuotas de bienestar que, a la vista comparativa de los resultados obtenidos por el autogobierno (pese a ser este restringido por la actitud del Estado) desde 1979, Euskadi debería alcanzar y ofrecer a todos sus ciudadanos.