La crisis de los refugiados ante las fronteras europeas sigue mostrando la peor cara del actual proyecto de Unión Europea. Mientras decenas de miles de personas se juegan la vida por huir de la guerra, de la persecución política y de la miseria de distintos conflictos bélicos y dictaduras de Oriente Medio, las diferencias entre los Estados de la UE se hacen evidentes al amparo de la presión de los discursos más ultraderechistas y xenófobos. Y también la creciente lejanía que existe entre la burocracia de Bruselas respecto de las demandas de solidaridad que traslada la mayoría de los ciudadanos europeos. Los ministros de Interior de la UE no fueron ayer capaces de ponerse de acuerdo sobre el reparto de los 120.000 refugiados que están llegando a Hungría, Grecia o Italia y, en lugar de forzar una solución inmediata -siquiera provisional- pospusieron hasta la siguiente cumbre prevista para el próximo 8 de octubre. Una conclusión frustrante tras días de intensas negociaciones. De nuevo, la clase política de la UE optó ayer por la pugna de intereses políticos y el cierre de barreras, cuando no la persecución de los refugiados cediendo a las posiciones más extremistas de los grupos de ultraderecha, sobre todo en las fronteras del Este de Europa. Y eso a pesar de que la propuesta de acogida y el reparto de cuotas de refugiados que ha planteado la Comisión Europea tiene un carácter obligatorio. No se trata únicamente, por tanto, de una cuestión de solidaridad ética, sino también de cumplimiento de las leyes europeas y de los tratados internacionales firmados por Europa. Ha sido en realidad la presión ciudadana y las muestras personales y colectivas de solidaridad -grupos de Cáritas, de Cruz Roja o de la Comisión de Ayuda al Refugiado llevan ya diez días trabajando sobre el terreno en Vitoria- las que han forzado los escasos pasos que han dado en los últimos días las instituciones europeas, muy lejos de la actitud de otras instituciones locales mucho más activas en la toma de decisiones para poner medios en la ayuda a las personas que buscan refugio. En este sentido, a las medidas que concretaron el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación alavesa -que activaron inmediatamente el fondo de emergencia social- se sumó ayer el Obispado de Vitoria, tomando el testigo del Vaticano. La cara de la respuesta institucional frente a la cruz de Bruselas.