Ante la dramática situación de emergencia derivada de la crisis migratoria, y frente a la lentitud que están demostrando las autoridades de la Unión Europea en poner en marcha una propuesta común que afronte uno de los mayores desafíos en su seno que ya alcanza niveles desconocidos, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava, de la mano de los representantes locales de la Comisión de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja y Cáritas, ya se han puesto las pilas. Las instituciones, con especial protagonismo de las ONG, trabajan en un proyecto de coordinación de recursos y asistencia para acoger en la capital gasteiztarra durante al menos seis meses a varias familias de refugiados. Paralelamente, el Gobierno de Lakua y una decena de ayuntamientos -entre ellos las capitales vecinas de Donostia y Pamplona- han comenzado también a dar pasos de coordinación para que las ciudades vascas se conviertan en refugio para miles de personas que huyen de los conflictos bélicos de Oriente Medio. En el resto del Estado, a su vez, a la iniciativa impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han ido uniendo otras capitales, todo ello en una predisposición loable ante un fenómeno agravado en las últimas semanas que se dibuja en el ámbito de la solidaridad y el compromiso. Todas estas movilizaciones de recursos públicos constituyen, no obstante, un reto de indudables dimensiones para los entes locales y forales con un marco competencial limitado. La acción institucional deberá poner en marcha una acción coordinada bajo algunos parámetros sobre el acogimiento de desplazados, desde el diagnóstico de la situación hasta cómo poner en marcha la ayuda material y los equipamientos destinados a tal efecto. La responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias en el marco de un lance fuertemente emocional no debiera impulsar a los representantes políticos, en este sentido, a tomar decisiones improvisadas o unilaterales. Ante una situación que ofrece en Euskadi algunos precedentes -como los refugiados acogidos tras el conflicto de los Balcanes o incluso la experiencia de los vascos huidos de la guerra del 36-, el Gobierno Vasco debe avanzar ahora en políticas de coordinación que comprometen a ámbitos tan diversos como la sanidad, la acción social o los derechos humanos.
