La decisión de los ministros de Interior de la Unión Europea respecto al reparto entre los Estados miembro de los demandantes de asilo que -procedentes principalmente de Siria, Eritrea e Irak- se encuentran en Italia y Grecia supone, en realidad, un nuevo fracaso en sus pretensiones de dictar una política común, en este caso sobre inmigración. No es solamente que Dinamarca y Gran Bretaña, para no acoger inmigrantes, hayan hecho uso de las cláusulas excepcionales que les permiten quedar fuera de los acuerdos de la Unión, ni siquiera que Austria y Hungria hayan rechazado ofrecer plaza alguna de acogida o que el Estado español haya reducido a 1.300 el número de inmigrantes a recibir cuando la petición de la Comisión Europea se elevaba a 4.288. Se trata, sobre todo, de que, como consecuencia de esas reservas y una vez más, como ha reconocido el propio comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, el reparto de la acogida de inmigrantes se limita a la voluntariedad de los Estados miembro, frente a la obligatoriedad que pretendía la Comisión Europea. O, en otras palabras, que Bruselas es incapaz de dictar e imponer sus políticas frente al creciente individualismo de los miembros de la Unión Europea. Pero más relevante incluso que esa deriva política que se adivina en la tremenda dificultad de cohesionar la UE, porque está en el origen de la misma, es la desviación de la defensa de los principios humanitarios y los derechos humanos que fueron base de la concepción de una Europa unida. Tanto que la Unión Europea se muestra incapaz de asumir siquiera la mínima parte del enorme problema universal que suponen los más de 35 millones de desplazados que la Comisión había cifrado en 40.000 demandantes de asilo a acoger para reducirla en la práctica en nada menos que un 20%, hasta los 32.000. Y, por último, a todo ello se une la constatación de los problemas que, para cumplir con aquellos preceptos básicos de su fundación, presenta la actual concepción burocratizada de la administración europea, como se demuestra en el hecho de que ese programa de acogida recortado no se iniciaría además hasta fin de año, ya que precisa previamente del pronunciamiento del Parlamento Europeo, aun cuando el resultado de esa votación no se considera vinculante.