la petición al Tribunal Supremo por parte del juez instructor del caso de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, del suplicatorio para inculpar a los expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de sus exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, por un presunto delito de prevaricación administrativa confirma la verdadera y ya intuida dimensión política de la trama. Que los dos presidentes antecesores de Susana Díaz y parte relevante de sus gobiernos sean imputados tras una investigación que se ha dilatado durante seis años exige de la Junta de Andalucía y del PSOE algo más que la petición de respeto al proceso judicial y a la presunción de inocencia, como se limitó a expresar ayer el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo. Y lo exige porque precisamente la actual presidenta andaluza formó parte de aquel mismo Consejo de Gobierno como consejera, porque la propia Junta de Andalucía contabilizó en su día nada menos que 196 beneficiarios indebidos de las ayudas públicas a empresas en crisis -mientras que la investigación eleva los implicados a 270-, porque el fraude estimado por la propia instrucción judicial supera los 136 millones de euros de una partida de subvenciones de 855 millones y porque, en consecuencia, el volumen de la trama y su extensión durante una década permite sospechar que, además se ser ampliamente conocida y consentida, junto a actitudes delictivas privadas se hallaban también al menos intereses relacionados con financiaciones ilegales, siquiera en Andalucía. Además de que, como expresa el juez Barreiro, el sistema de subvenciones irregulares provocó desajustes en las cuentas públicas que también debieron afrontarse con mecanismos irregulares, afectando a las posibilidades del Ejecutivo andaluz para responder a necesidades generales de la sociedad. Y que todo ello deba juzgarse aún y los acusados puedan escudarse en que inculpación no es sinónimo de condena no reduce un ápice la responsabilidad política de todos ellos y, por tanto, la necesidad de que el PSOE sea mucho más nítido y radical en su alejamiento de dichas prácticas, con la misma contundencia que emplea en la crítica a otros casos, de similar gravedad o no, cuando se han producido en otros partidos.