el informe anual del Banco de España publicado ayer se antoja más una interpretación ideológica -política si se prefiere- de la coyuntura económica o, en todo caso, una traducción escasamente libre de las tesis del Fondo Monetario Internacional (FMI) que un análisis propio y razonado de la economía del Estado y su proyección sociolaboral. Pretender equilibrar la realidad de la recuperación, aún incipiente pero efectiva, con la advertencia de que los niveles de crecimiento se reducirán ¡en los próximos doce años! es tanto como abogar por eternizar las políticas de crisis. Y a pesar de que la media del crecimiento hasta 2026 se calcula por encima del 1,5%, no lejos de los niveles que se precisan para la creación continuada de empleo y la estabilidad socioeconómica. Pero es que además la presentación del informe llevó ayer incluidas recetas como la profundización en la reforma laboral, con un nuevo abaratamiento del despido para los contratos indefinidos; una ampliación de las bases del IVA y un plan de consolidación fiscal con actuaciones complementarias para aumentar los ingresos; una potenciación del ahorro y las pensiones privadas frente al sistema público de prestaciones; o una revisión de partidas del gasto público que si ya eran difícilmente defendibles en plena crisis, lo son mucho menos cuando la recuperación recomendaría políticas de crecimiento e incentivación del poder adquisitivo y el consumo. Especialmente cuando el Banco de España y su gobernador, José María Linde, no practican con el ejemplo, dado que el mismo informe anual contempla cifras de su actividad que desdicen absolutamente que la entidad y su presidente asuman las pretensiones de austeridad que plantean a los ciudadanos. Sin ir más lejos, en el hecho de que el Linde incrementara sus ingresos casi un 6% -176.000 euros, aparte de las dietas de 1.026 euros por asistencia al consejo de gobierno del Banco- en el mismo ejercicio 2014 en el que los beneficios de la entidad caían un 20%. Convendría aclarar que, tal y como estipula la Ley de Autonomía del Banco de España, su labor es supervisar la solvencia del sistema financiero, en la que no ha destacado por su efectividad, y no diseñar u orientar el cariz de las políticas económicas que corresponde elaborar al Gobierno, en todo caso con su asesoramiento, y aprobar al Parlamento.