el significativo lapsus que cometió ayer la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, al afirmar durante un acto electoral en Guadalajara que “hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país adelante” -queriendo decir sacar- que DNA recoge hoy en un apunte de su página 33 expone, mediante un torpe error, lo que ya es una opinión pública general. Con el escándalo del nuevo caso Rato y sus posibles delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, la herida abierta en el Estado español a causa de la corrupción vuelve a sangrar a chorros después de un periodo en el que daba la impresión de que los dos grandes partidos que sostienen de manera alternativa el régimen -PP y PSOE- comenzaban a tener bajo control el estallido de indignación social y se preparaban para un ciclo electoral que, según las últimas encuestas, iba a perfilar un paisaje político más fragmentado -por la irrupción de Podemos o Ciudadanos-, pero sin el respaldo suficiente para discutirles su hegemonía histórica. Las elecciones andaluzas son buena muestra de ello. En el primer test llamado a poner a prueba la crisis de los cimientos del sistema bipartidista, el nuevo arco político andaluz abrió el foco a las fuerzas emergentes, pero sin capacidad de ir más allá que la de complicar la gobernabilidad. Teniendo en cuenta que en Andalucía se ha descubierto uno de los mayores escándalos de corrupción -el caso de los ERE, con millones de euros públicos dilapidados y decenas de miembros del socialismo andaluz y altos cargos como José Antonio Griñán o Manuel Chaves señalados por la investigación judicial- la presidenta Susana Díaz salvó los muebles. En este esquema, la corrupción empezaba a ocupar un lugar fuera del cuadro. Con la mediática detención de Rodrigo Rato y el reconocimiento ayer mismo por parte del Gobierno del PP de que el ministro Cristóbal Montoro apañó una amnistía fiscal para privilegiados defraudadores, difícilmente se puede combatir la idea de que lo que ha ocurrido en España no es otra cosa que un saqueo generalizado de los bienes públicos a cargo de sus élites. El nombre de Rato es una más de una larga lista ya de corruptos y el primero de una nueva lista que acabará aflorando mientras se corroen los cimientos de un régimen que pretende sostenerse en pie sin tocar sus anquilosados fundamentos.
