el durísimo informe emitido esta semana por los expertos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos supone toda una denuncia de la resistencia del Estado español a investigar los crímenes de la dictadura franquista. El dictamen del grupo de trabajo pone blanco sobre negro, a lo largo de más de 100 folios, la ausencia de voluntad y medios por parte de los gobiernos españoles y enfatiza en varias ocasiones el indisimulado interés de los poderes del Estado por eludir el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del franquismo. El informe elaborado por Ariel Dulitzky, Christof Heyns, Juan Ernesto Méndez y Pablo de Greiff -responsables de la ONU sobre desapariciones, vulneraciones de derechos humanos en las dictaduras o promoción de la verdad, la justicia- hace hincapié además en el incumplimiento por el Estado español de las obligaciones adquiridas en los tratados internacionales respecto al derecho a la justicia y la no prescripción de los delitos de lesa humanidad. Y sobre la aplicación de la jurisdicción universal expresa su obligación de cumplir con los requerimientos judiciales argentinos. En ese punto, que alude a las peticiones de extradición recientemente enviadas por la jueza argentina María Servini, los expertos sostienen que “sólo puede denegarse la extradición si la justicia española por sí misma inicia investigaciones y juzga a los responsables”, afirmación que cuestiona la decisión del Consejo de Ministros de denegar la solicitud de extradición de 19 personas, incluidos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera por los cinco trabajadores muertos el 3 de Marzo en Vitoria y la ejecución en 1974 de Salvador Puig Antich, respectivamente, sin iniciar causa contra ellos. Empecinarse, aun 40 años después, en seguir eludiendo esas responsabilidades y escudarse, como ha hecho recientemente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una prescripción que no es posible en los casos de graves violaciones de derechos humanos deslegitima al Estado español y su transición. Como el mismo informe de la ONU señala, la fortaleza de las instituciones democráticas no reside en su poder para silenciar o ignorar las materias relacionadas con los derechos humanos, sino en su habilidad para gestionar eficazmente su cumplimiento por muy complejo e incómodo que resulte.