han sido cinco prolongados años en los que se han sucedido detenciones efectistas, declaraciones confusas y contradictorias, filtraciones calculadas desde los propios instructores, largos y extraños períodos de impasse en los que la investigación ha permanecido empantanada o acusaciones de tejemanejes en contratos y adjudicaciones públicas en Álava, en un intento de buscar ramificaciones más allá de la trama de personas nucleadas en torno al exdiputado Alfredo de Miguel. Finalmente, el magistrado del Juzgado número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, decretó ayer la esperada apertura de juicio oral para 26 de los 28 imputados en la causa, a los que imputa graves delitos que van desde la prevaricación hasta el cohecho, pasando por la malversación y el blanqueo de capitales. Y el auto se produce apenas dos meses y medio antes de las próximas elecciones forales y municipales, aunque el proceso y la celebración de la vista oral podrían demorarse durante varios meses más. Este trámite procesal ha cobrado un amplio eco en Álava precisamente por la tortuosa instrucción, la proximidad de los comicios, la orientación fijada por el PP y por las derivadas políticas de las que se ha rodeado la causa -el dirigente popular alavés Iñaki Oyarzábal se apresuraba ayer a forzar las equiparaciones en plena vorágine de la trama Gürtel- ante los intentos iniciales de vincular el caso con la supuesta financiación de un batzoki del PNV en Vitoria. Esta tesis, sin embargo, quedó rápidamente desbaratada en los primeros compases de la instrucción -pese al empeño del fiscal jefe Josu Izaguirre- al carecer de un hilo del que tirar que fuera más allá de la “trama organizada” que el juez apunta en el entorno personal de Alfredo de Miguel. Y el PNV neutralizó esta línea argumental desde la misma reacción contundente -reconocida hasta por sus adversarios políticos- que tuvo el entonces diputado general Xabier Agirre nada más conocer la noticia de las detenciones, por la posterior expulsión de los tres cargos orgánicos del partido imputados -Koldo Telleria y Koldo Otxandiano, además del propio de Miguel- y la determinación que anunció Iñigo Urkullu, a la sazón presidente del EBB, para esclarecer los hechos aun hasta las últimas consecuencias. Han sido cinco prolongados años que exigen ahora rigor judicial, fuera de la maraña política.