L as consecuencias de la larga crisis económica cuyo final apenas se vislumbra aún en el horizonte han sido múltiples en personas, familias, empresas e instituciones y han trastocado los precarios equilibrios en la sociedad. El deterioro económico que han supuesto tanto la propia crisis como sus efectos sobrevenidos y las medidas de austeridad -tomadas en principio para hacer frente a la recesión- han derivado en un empobrecimiento generalizado. Era una consecuencia previsible que todos íbamos a ser más pobres. Sin embargo, los efectos de esta situación no han golpeado a todos por igual, ni mucho menos de manera proporcional. Tampoco en Euskadi, donde se partía de una situación sensiblemente mejor en cuanto a igualdad y que, pese a todo, aún mantiene mejores parámetros. La realidad, constatada por todos los estudios, es que la sociedad vasca está fracturada en dos mitades en lo que respecta a la situación económica de las familias a consecuencia de que las personas más vulnerables han sido golpeadas de manera especialmente dura y han visto mermada o incluso eliminada una parte muy importante de sus ingresos económicos. Un país socialmente sano no se puede permitir una polarización tan radical en la estructura económica de su población, ya que esta situación afecta de manera directa a la necesaria integración social y a los derechos que nos afectan como ciudadanos. No puede haber, tampoco en el aspecto económico, ciudadanos de primera y de segunda. La crisis y su gestión amenazan con llevarse por delante el modelo de equilibrio, cohesión e igualdad que Euskadi había logrado construir -con sus imperfecciones- con el esfuerzo de todos y pese a los grandes obstáculos en el camino durante los años previos a la recesión. El sistema vasco de garantía de ingresos ha permitido paliar en parte esta situación, como lo han puesto de manifiesto todos los expertos que han pasado por la comisión municipal de ayudas sociales que se acaba de cerrar sus trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria. Es por ello que sorprende aún más el cuestionamiento electoralista, irresponsable y hasta mezquino por parte del PP alavés de medidas como la RGI. La creciente desigualdad nos pone ante el espejo como sociedad, ya que el riesgo de fractura social es palpable, pero también evitable.
