vitoria volvió ayer a proyectarse en los medios de ámbito estatal no por el premio a la transparencia informativa que recibió el martes, sino por todas las sombras que rodean el oneroso alquiler de los locales de la calle San Antonio -una polémica que la ciudad viene arrastrando desde ocho años- y por la fianza de medio millón de euros que el Tribunal de Cuentas Públicas del Estado impuso ayer al exalcalde Alfonso Alonso, ahora ministro de Sanidad, junto con el resto de concejales que integraban entonces su equipo de gobierno local, por el perjuicio para las arcas municipales que entiende supuso dicha operación.
Apenas tres meses antes de que perdiera las elecciones municipales, Alonso firmó en febrero de 2007 un contrato de alquiler de la lonja de San Antonio -un inmueble que el empresario local Gonzalo Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros- por más de 6 millones a pagar durante los 20 años para los que se blindó el arrendamiento, con una cláusula que garantizaba al propietario el cobro íntegro de esta cantidad, aun en caso de rescisión. Estas ventajosas condiciones ya fueron denunciadas en su día por todos los grupos de la oposición. Luego, en la legislatura siguiente, el anterior alcalde socialista Patxi Lazcoz intentó romper el contrato, aunque terminó alegando una imposibilidad jurídica. Hace año y medio la comisión de investigación que se desarrolló en el seno del Consistorio gasteiztarra, sin llegar a aclarar todos los extremos de la operación -pues los dirigentes populares descargaron la responsabilidad sobre los técnicos municipales- se cerró únicamente con un duro dictamen político. Y, finalmente, el PP se escudó en la prescripción del caso, que pareció quedar en punto muerto.
Pero ha sido la instrucción del Tribunal de Cuentas Públicas desde Madrid -mediáticamente amplificada por la presión política que ejerce sobre el actual ministro de Sanidad y hombre de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría- lo que ha vuelto a sacar los fantasmas del armario. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas no entra a realizar una valoración jurídica o procesal del asunto, pero sí desbarata el argumento de la prescripción -el último clavo al que se aferraba el PP- y, aun después de escuchar a sus defensas, no ha dudado en atribuir a los concejales populares una responsabilidad contable por hacer dejación de los intereses públicos y les exige una fianza cautelar de 496.000 euros, lo que suponen 55.000 euros para cada uno de los integrantes de aquel equipo de gobierno, entre ellos el alcalde Javier Maroto, entonces concejal de Hacienda.
Y es que, más allá del nulo recorrido que el caso San Antonio ha tenido en los tribunales o del desgaste político que se haya podido buscar para el PP vitoriano, así como de la valoración ética y hasta estética que encierra el asunto, el Tribunal de Cuentas ha venido a poner sobre la mesa el claro perjuicio para los intereses económicos de la ciudad que, en definitiva, acarreó el polémico contrato. Algo implícito en el hecho de que incluso el propio Maroto negociara con el empresario una rebaja de las condiciones obtenidas al calor de la juerga inmobiliaria de los años de bonanza.
No obstante, las principales incógnitas siguen en el aire. Y es que Alfonso Alonso, que se ha negado a dar explicaciones, a comparecer ante la comisión municipal de investigación e incluso a darse por enterado de la instrucción del Tribunal de Cuentas, sigue guardando silencio sobre cómo, por qué y con qué contrapartidas se fraguó el pacto de San Antonio.
