la presentación de las conclusiones del primer informe sobre las incidencias de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2010, en desarrollo de una de las iniciativas comprendidas en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, pone algo más que la constatación de las cifras a una dramática realidad que ya había sido denunciada en numerosas ocasiones. Los informes de Amnistía Internacional y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, las denuncias emitidas desde las propias instituciones vascas o las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenando al Estado español por incumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no investigar de manera efectiva las denuncias de torturas a los detenidos -la última en septiembre de 2010- daban fundamento ya con anterioridad a una certeza social. Y permiten confirmar la existencia continuada de una lacra mucho más reiterada de lo que han reflejado las contadas actuaciones judiciales y las aún más escasas condenas, ya que apenas ha habido 20 sentencias firmes en medio siglo y, además, rara vez han culminado con el cumplimiento efectivo de las penas. Ahora, el registro de los 3.587 casos denunciados (1.183 ratificados con una declaración jurada de las víctimas) -que aun se incrementarán más, según el responsable del informe, el reconocido antropólogo forense Francisco Etxebarria- confirma aquello que el entonces relator de la ONU contra la tortura, Theo Van Boven, denunció en 2004 al señalar que los malos tratos eran “más esporádicos que accidentales en el Estado español” y empieza a responder, al menos desde Euskadi, a la demanda planteada seis años después por su sucesor, Manfred Nowak, cuando recordó a las autoridades españolas la “obligación moral y legal de investigar los casos creíbles” de torturas. Algo que, por otra parte, exigen tanto el Código Penal, en su artículo 174, como los compromisos de la Convención contra la Tortura firmada por España en 1984, hace ahora 30 años. Y convertir, en respuesta a todo ello, la percepción mayoritaria en casos constatables evidentes aun cuando legalmente hayan prescrito, tal y como pretende el desarrollo de este último informe, es premisa ineludible para que en lo sucesivo se pueda impedir la impunidad sobre la que se asienta la tortura.