la imputación por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de 78 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia por utilizar las denominadas tarjetas black -uniéndose así a los expresidentes de las citadas entidades Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al también exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj- no supone, como pretende el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la confirmación de que “las leyes son iguales para todos”. Muy al contrario, constata la verdadera extensión de las prácticas deshonestas en la gestión de determinadas cajas españolas y la aquiescencia o permisividad que existía hacia esa cultura por buena parte de la élite política y económica española. Para cerciorarse de ello, basta confrontar datos. Por un lado, el volumen de los gastos personales realizados con cargo a esas tarjetas opacas, que asciende a 15,2 millones de euros entre los años 1999 y 2012, lo que viene a suponer una media de gasto al año por directivo imputado similar al sueldo medio anual en el Estado español durante ese periodo. Sin obviar que a dicho montante habría que añadir las indemnizaciones de hasta casi 3 millones de euros recibidas por algunos de esos directivos y consejeros. Por otro lado, resulta significativa la procedencia de estos consejeros, ya que al menos 57 de los 81 imputados -nada menos que el 70%- habían sido designados en los órganos directivos de la caja por partidos o sindicatos (28 por el PP, 15 por el PSOE, 4 por IU, 6 por CCOO y 4 por UGT) y entre ellos se encuentran desde exministros -el propio Rato o Virgilio Zapatero- o exsecretarios de Estado como Juan Chozas o Estanislao Rodríguez Ponga, entre otros, hasta altos representantes de la patronal como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la propia Jefatura del Estado, como el jefe de la Casa del Rey entre 2011 y 2014, Rafael Spottorno. Si aún cabrían dudas, además, habría que considerar como motivo añadido a la imputación judicial el vaciamiento de bienes al que se sometió a las entidades de previsión -que en el caso concreto de Caja Madrid y Bankia ha supuesto un desembolso para las arcas públicas de 22.426 millones de euros- y el efecto que todo ello ha tenido en la repercusión de la crisis en el ciudadano como consecuencia del rescate multimillonario que se inyectó en el sector financiero.