Tal día como hoy de hace dos años, la central nuclear de Santa María de Garoña cesaba su actividad. Aquel 16 de diciembre, la pregunta parecía ser cuánto tiempo tardarían las instalaciones en bajar la persiana definitivamente. Ahora, la incógnita parece ser cuándo la volverá a subir. Aunque, en realidad, quizá esa haya sido la cuestión desde el minuto uno de esta historia. Porque aquel cese de actividad de hace dos años tuvo menos que ver con una decisión argumentada en la lógica de una central que ya había cumplido con creces su ciclo previsto de vida útil, con razones de seguridad -renovadas tras el accidente de Fukushima-, medioambientales o, por supuesto, con atender el sentir de una sociedad como la alavesa muy sensibilizada en torno a esta cuestión y con el importante consenso político -importante pero no unánime- que esta causa genera en el territorio. No. Aquel cese tuvo más que ver con una piedra en el camino que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en forma de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, cuya aplicación, según Nuclenor, suponía un aumento de los costes de Garoña en más de un 30%, lo que se antojaba insostenible. De manera que la única pregunta en estos dos años, probablemente, haya sido quién iba a salir vencedor de la soka-tira protagonizada por el Ejecutivo y las eléctricas, ni más ni menos. Y la puerta abierta para desatascar la situación se ofreció en agosto del año pasado, cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio su plácet a las modificaciones introducidas por el Gobierno, que permitían que una central pueda pedir una licencia de renovación desde el año de su cese si éste obedecía a razones económicas y no de seguridad. Un mes antes, el BOE había publicado la orden de cierre de la central burgalesa añadiendo una inédita coda que dejaba constancia de que la clausura obedecía a motivos económicos. Nada ha sido inocente ni antes ni durante estos dos años. Ahora, la atención vuelve al CSN, que tiene sobre su mesa la decisión sobre si son suficientes los trabajos realizados en Garoña para su adecuación a los requisitos de seguridad exigidos para la renovación de la licencia de explotación solicitada por Nuclenor. 24 meses después, la central parece pues más cerca de retomar su actividad. Una reapertura de persiana que podría durar hasta 2031.