el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros supone un inquietante salto cualitativo en el control de las libertades individuales y no parece, al menos a la luz de la literalidad del texto, que vaya a servir para satisfacer las muchas necesidades de la administración de justicia frente a algunos delitos. La reforma presentada por el nuevo titular de Justicia Rafael Catalá -que sustituyó al polémico y nefasto Alberto Ruiz Gallardón- ha hecho saltar las alarmas al ampliar los casos en los que el Ministerio del Interior puede ordenar la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa. Evidentemente, la necesaria modernización legislativa obligaba a que el concepto de comunicaciones -que hasta hace unos años se circunscribía a las tradicionales telefónica y postal- alcance ahora a las nuevas tecnologías, incluidos mensajes de texto, móviles, correos electrónicos y, en general, el mundo de Internet. Lo que ya es más discutible es que Interior pueda arrogarse el papel de juez y decidir, por razones de “urgencia” o de “especial gravedad” de los delitos, las escuchas a los sospechosos. Hasta ahora, esta posibilidad de intervención de las comunicaciones sin orden judicial se circunscribía a delitos de terrorismo, aunque en algunos casos se ha utilizado de manera torticera y políticamente interesada. Con esta reforma, no sólo se amplía la potestad de Interior, sino que el concepto de delitos “considerados de especial gravedad” es lo suficientemente vago como para generar serias dudas sobre su futura utilización. Asimismo, el Gobierno español pretende presentar como medidas anticorrupción la reforma del procedimiento penal que obliga a acortar los tiempos de instrucción judicial para evitar “sensación de impunidad”, regulando los plazos a seis meses, ampliables a 18 según los casos. No cabe duda de que el acortamiento de los plazos debe ser uno de los objetivos clave para la Justicia, y no sólo para los casos de corrupción. Pero para ello es necesario, más que una ley, poner los medios necesarios, tanto humanos como materiales, según demandaron la pasada semana los propios jueces. En definitiva, tal y como afirmaron los magistrados, “el poder judicial será lo eficiente que quiera el poder ejecutivo y el legislativo”. Esa voluntad se verá en el trámite parlamentario.
