los partidos políticos y las instituciones españolas volvieron a celebrar ayer el aniversario del referéndum mediante el que se aprobó la Constitución de 1978. Y lo hicieron, de nuevo, enfrascadados en la polémica y divididos sobre la necesidad y posible alcance de una reforma de la Carta Magna, 36 años después de su puesta en vigor. Aunque es cierto que año a año se repite el mismo esquema e incluso los argumentos, es destacable el hecho de que el debate sobre una reforma constitucional más o menos profunda va intensificándose y tomando cuerpo en la clase política y en la sociedad española. De hecho, y por primera vez, el PSOE, un partido que ha tenido durante años responsabilidades de gobierno -y que, por tanto, durante esos periodos pudo haber abierto el melón del cambio- parece haberse convencido al fin de que la reforma es una necesidad imperiosa para que el Estado español se amolde de manera satisfactoria a las realidades y necesidades de la sociedad actual y ha hecho una propuesta, aún sin desarrollar, para crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados que aborde el debate. El portazo que ha propinado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a este planteamiento, tachándolo de “frivolidad” aunque ni siquiera incluye la proposición de Estado federal, es significativo e indica la nula voluntad del PP de hincarle el diente a un asunto clave para la normalización y modernización del Estado. No le falta razón, sin embargo, a Rajoy cuando achaca falta de seriedad al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, por renegar ahora de la revisión del artículo 135 de la Constitución sobre el cumplimiento del déficit que aprobaron PSOE y PP a iniciativa de Zapatero y promover ahora otra reforma. En cualquier caso, el debate sobre el posible cambio constitucional se contempla desde Euskadi entre el escepticismo y la preocupación. La experiencia -y la realidad del día a día- indican que el asunto no está maduro y que incluso una reforma en las condiciones actuales con mayoría absoluta del PP podría resultar incluso contraproducente, dada su probada actitud recentralizadora y limitadora de los derechos ciudadanos. Quizá los nuevos vientos políticos que parecen asomar por el Estado hagan posible abordar la cada vez más necesaria revisión de la Constitución, casi cuarenta años después del trágala en que se ha convertido.