el afán del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para imponer el impulso político del Gobierno del PP y empapelar al president Artur Mas y a las consellers de su Govern Joana Ortega e Irene Rigau, pasando por encima del criterio de sus homólogos de Catalunya e incluso desoyendo las voces -de fundamento más jurídico que político- de su propia magistratura, evidencia el alcance de la crisis institucional en el Estado español. Ha sido el empeño político del Gobierno de Mariano Rajoy el origen de esta penosa trifulca y con su actuación parece estar queriendo dinamitar cualquier vía de comunicación o negociación que pudiera reconducir el proceso soberanista catalán. “Cada vez nos empujan más fuera de España”, advertía ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. El propio Torres-Dulce, así como varios miembros de la Junta de Fiscales de Sala que preside, inicialmente ya habían cuestionado que hubiera bases jurídicas suficientes para iniciar una querella contra Artur Mas. Sin embargo, la presión de los sectores más reaccionarios del PP, de la ultraderecha y de la caverna mediática -a los que se sumó alegremente con lenguaje cuartelero el jefe del Estado Mayor, el general Jaime Domínguez Buj- le han impuesto al Gobierno Rajoy una agenda de ardor guerrero ante el desafío catalán para seguir rompiendo España, como titulaba un periódico conservador. De esta manera, estos sectores han abortado los tanteos que había realizado bajo mesa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Rajoy se ha dejado apresar por el rancio estandarte del Santiago y cierra España, despreciando la necesidad de hacer política, de abrir puentes de diálogo y de negociar una salida ante el pronunciamiento democrático de la sociedad catalana. Esta actitud puede favorecer la propaganda mediática y el discurso político de trazo grueso -que curiosamente refuerza la figura de Mas ante su electorado-, pero difícilmente aporta algo en un Estado asolado por una inmensa mancha de corrupción donde la sociedad cada vez se siente menos identificada y necesitada de ese discurso patriotero ramplón. Si Rajoy y las élites políticas y financieras siguen sordos, ciegos y mudos y azuzando la confrontación en lugar de asumir su obligación de hallar soluciones políticas, todo irá a peor.
