En marzo de 2009 se presentó una querella penal contra Eliseo Gil como responsable del yacimiento por un presunto delito de ataque al patrimonio arqueológico alavés, el único proceso judicial que permanece activo, en fase de instrucción, ya que las demandas de los patrocinadores del proyecto de Lurmen fueron archivadas definitivamente hace tiempo.

Cinco años dura ya la fase de instrucción sin que todavía haya sido cerrada ni todavía haya ningún cargo judicial contra Eliseo Gil, que ha sido juzgado y condenado ante la opinión pública sin saber todavía de qué, lo que le deja en la máxima indefensión. A su vez, al estar el material bajo custodia judicial se impide el estudio y el debate científico en condiciones a todos aquellos que estamos interesados.

Además, después de todos los informes que realizó la Comisión de la Diputación, de las pruebas caligráficas realizadas o de los análisis del Instituto del Patrimonio Cultural español, con los que las tesis oficiales han intentado adornar la decisión de revocar el permiso de excavación a Lurmen, a quienes seguimos sin encontrar motivos para dudar de la autenticidad del material arqueológico en litigio nos preocupa el estado de conservación en el que se encuentra en este momento, que por decisión judicial y por incomprensible que resulte, está bajo custodia de Diputación; es decir, la parte acusadora.

Esta situación, muy cómoda para algunos, no debería alargarse más. Pareciera que el asunto se haya convertido en una patata caliente a la que no se sepa cómo hincar el diente, un asunto en el que, como hemos visto en otros casos como el ébola a la hora de justificar el cúmulo de irregularidades y despropósitos que a veces esconden las palabras rotundas y los informes oficiales, lo más sencillo es culpar al maquinista, al piloto, a la técnico de enfermería o, en este caso, a los arqueólogos del yacimiento.