Un ejemplo claro ha sido el argumento del Ministerio del Interior para desestimar la solicitud a la ley integral de víctimas de una madre por la muerte de su hijo cuando expresa: “el fallecimiento se produjo como consecuencia del enfrentamiento ocurrido en Vitoria el 3 de marzo de 1976 entre los participantes de una concentración prohibida que tenía su origen en un conflicto laboral y miembros de la policía”. Esta visión de los hechos a día de hoy es inadmisible y en absoluto se ajusta a la realidad. Los propios sumarios recogen que “los hechos son en principio constitutivos de un delito de homicidio (...), pero se procederá al sobreseimiento por no haber motivos suficientes para acusar del delito a determinada persona”. Fue la primera gran burla de la justicia, que ha impedido que los crímenes de lesa humanidad durante el franquismo puedan ser juzgados en España.
Argentina abrió un proceso contra el franquismo y sus crímenes y, pese a las trabas, sigue avanzando con noticias como el auto de la jueza María Servini dictando orden de detención internacional para tomar declaración indagatoria a 20 exministros, jueces y funcionarios del franquismo. Entre ellos, Martín Villa y Alfonso Osorio como parte del Gobierno en marzo de 1976 y Jesús Quintana como capitán al mando de la policía que ejecutó las órdenes y masacró a los trabajadores reunidos en la iglesia de San Francisco. La exigencia de verdad, justicia y reparación a lo largo de estos años empieza a dar sus frutos y el esfuerzo ha merecido la pena. Es más que probable que el Gobierno Rajoy, como hizo con las órdenes de extradición de los torturadores Muñecas y Billy el Niño, no acceda al requerimiento de la jueza, pero evidenciará su nula voluntad de desligarse del franquismo. Al igual que Argentina logró juzgar los crímenes de la dictadura de Videla gracias a la presión social, tenemos que conseguir que España juzgue la dictadura de Franco, con las debidas garantías internacionales.
