el proyecto de Ley Municipal aprobado ayer por el Consejo de Gobierno presidido por Iñigo Urkullu supone, una vez cumplimentado su trámite parlamentario, la culminación legislativa del entramado institucional vasco y, por tanto, el hito de la superación de la principal carencia del autogobierno, pendiente desde hace más de tres décadas. Durante todo este tiempo, la falta de consenso político había frustrado varias tentativas para sacar adelante la Ley Municipal -un instrumento básico para los ayuntamientos- pero en esta ocasión el Gobierno Urkullu ha allanado el camino entre todas las fuerzas políticas, incluso los populares, a pesar de la pose con la que amagó el diputado general alavés, Javier de Andrés, más por sus ansias electoralistas de marcar perfil provinciano que por que tuviera alguna enmienda de sustento. Si el proyecto logra el consenso necesario y tras la salvaguarda pactada por el PNV en el Congreso, la Ley Municipal logrará articular un régimen local vasco diferenciado del general del Estado que respete, frente a la ley del Gobierno de Mariano Rajoy, las competencias propias que marca el Estatuto de Gernika. En ese sentido, la futura ley no sólo plantea las 37 competencias municipales -alguna de ellas tan relevante como la de empleo-, sino también su régimen financiero, así como el reconocimiento del papel troncal de las entidades locales en el entramado institucional vasco, que se contempla con la inclusión de los ayuntamientos tanto en el Consejo Vasco de Finanzas como en el Órgano de Coordinación Tributaria cuando afecte a los municipios la distribución de ingresos. La nueva ley servirá además para incluir y desarrollar los principios de gobernanza que emanan de la Carta Europea de Autonomía Local, reforzando dicha autonomía al integrar el sistema de competencias municipales con sus posibilidades de financiación y al dotarlo de una fórmula de garantía pionera dentro del Estado. Con esos principios, todo apunta a que Euskadi dejará de ser la única comunidad autónoma que carecía de Ley Municipal dado que el proyecto se adivina capaz de articular una mayoría en el Parlamento Vasco y un apoyo suficiente en el ámbito foral, pese a las resistencias que esbozó la Diputación alavesa, al tiempo que sortea también la renuencia a las posibles afecciones a la Ley de Territorios Históricos.