El proceso soberanista catalán dobló ayer otra esquina del laberinto. Se mueve, pero no significa que se resuelvan las incógnitas en la medida en que, a cada paso, surgen nuevas dudas. No le faltaba razón ayer al president Artur Mas cuando con ironía se preguntaba qué ha pasado en los últimos quince días para que el Gobierno de Mariano Rajoy haya pasado de la ridiculización del 9-N alternativo a recurrirlo al Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado? Mas dejó caer que en estos días la escena política española y, particularmente la de la calle Génova, se ha visto sacudida por un auténtico tsunami en forma de corrupción. Y un periodista catalán lo describía también muy gráficamente hace unos días: en caso de emergencia, agitar Catalunya. No sería descabellado que este elemento haya podido entrar en la ecuación. Por el camino, hay otro análisis que Rajoy y su Ejecutivo parecen eludir y es el que se desprende de que la alianza de partidos proconsulta hace quince días había saltado por los aires y que el progresivo endurecimiento del discurso de Moncloa respecto al nuevo 9-N no ha contribuido sino a que estas fuerzas políticas hayan vuelto, haciendo seguramente más de la necesidad virtud que otra cosa, a reconstruir su bloque. En este sentido, Rajoy tampoco haría mal en echar un ojo al último sondeo electoral hecho público precisamente ayer en Catalunya: ERC sigue ensanchado su distancia con CiU -que paga el caso Pujol- pero la suma de ambos les otorga mayoría absoluta. Encuesta que, por cierto, también ha preguntado por la independencia -un 49,4% votaría sí-sí en la consulta- y que cifra en 500.000 los catalanes que han virado hacia esta opción en los dos últimos años. Pero las incógnitas siguen sobre la mesa. Mas ayer no dio un paso atrás, anunció medidas legales por lo que considera un abuso de poder y de derecho del Gobierno español, pero no fue claro a la hora de responder sobre si acatará una eventual nueva suspensión del Constitucional de un proceso cuyos preparativos están, según dijo el president, prácticamente terminados. Así las cosas, para despejar las incógnitas habrá que esperar en primer término y de nuevo a que hable el Constitucional. Pero el tiempo se agota, el 9-N está cada vez más cerca y ese mismo tribunal ya dijo hace meses que los problemas políticos los tiene que resolver la política.