El proyecto de presupuestos para 2015 que el Gobierno presidido por Iñigo Urkullu trasladará al Parlamento Vasco para su aprobación presenta como característica más acusada la coherencia, que se desprende tanto en la filosofía que emana de sus cifras como en su traslación a la práctica en la consecución de apoyos. En cuanto a las cifras, difícilmente podía ser de otro modo, dado que las necesidades y el orden de prioridades de las mismas en la sociedad vasca apenas han variado en los últimos meses, incluso a pesar de atisbarse en el horizonte una mejoría económica que el propio Gobierno cifra en un crecimiento del 1,7% del PIB y la creación de 5.800 empleos. También porque la variación de las capacidades de gasto e inversión del Ejecutivo vasco se alteran mucho menos de lo que parece indicar el aumento del capítulo de ingresos, que eleva el presupuesto a 10.639 millones de euros, un 4,1% más que en 2014; debido tanto a la reducción en tres décimas de la posibilidad de déficit (del 1% al 0,7%) en el próximo ejercicio, lo que supondrá 195,8 millones menos de capacidad de endeudamiento, como al aumento de las amortizaciones e intereses de deuda que deberá afrontar el Gobierno Urkullu, que si ya este año son de 815 millones en el próximo ascenderán a 989 (174 más). Sumadas ambas partidas, los 423,5 millones de aumento global del presupuesto se quedan en apenas 73,7 millones que el Gobierno Urkullu dedica a acentuar el perfil ya eminentemente social de las Cuentas, pasando el gasto social del 72% del presupuesto en 2014 al 75% en 2015, con un aumento notorio (11%) en Empleo y Políticas Sociales y especialmente en el capítulo dedicado a las AES o ayudas de emergencia social (19,9%) que, sumadas las partidas destinadas a la RGI y a la Prestación Complementaria de Vivienda, ascienden a 461 millones, 77 más que en el presente año. Sin menospreciar el mantenimiento del esfuerzo, con incrementos de en torno al 1%, en los dos departamentos (Salud y Educación) con mayor dotación presupuestaria. Es, además, también respuesta lógica a la búsqueda de estabilidad y apoyos, dado que el proyecto incorpora las partidas solicitadas por los socialistas en busca de aumentar ese matiz social, además de coherente con los acuerdos que, en materia fiscal, el PNV y el PSE extendieron hasta 2016.