Podría decirles que ser perceptor de ayuda social y al mismo tiempo abusador sexual no van de la mano, y que se perseguirá al delincuente por su delito, pero sólo por ello. Podría decirles que no conviene confundir dos problemáticas sociales distintas y que la lacra del abuso sexual no entiende, desgraciadamente, de capa social ni de origen geográfico o cultural. Puede incidir en que abusadores sociales los hay en todas las capas sociales, incluso en tan altísimas instancias que no necesitan de ayuda social, como el caso de Dominique Strauss-Kahn. Y que, desgraciadamente, tenemos cosecha autóctona suficiente, sea perceptora de ayuda social o no, como para achacar el problema a la población inmigrante.

En lo referido propiamente a la ayuda percibida por un abusador en Vitoria o por un yihadista en Bilbao, podría explicarles que el Gobierno obligó a salvar con 22.000 millones de euros de rescate a entidades como Bankia, cuyos dirigentes están imputados.

Podría hacerles ver que la picaresca y el fraude se dan en todas partes del mundo. Que, de hecho, la propia palabra picaresca es una aportación española a la cultura universal. No hace falta que venga gente de allende los mares para instruirnos en el arte del mangoneo, el fraude y la rapiña, sobre todo de la cosa pública. E ilustrarlo con que, además de que en otros partidos políticos también, en el suyo se empeñan en ponerle las cosas difíciles para justificar su campaña de control sobre el dinero público entre Rodrigo Rato, la trama Gürtel, Carlos Fabra, Luis Bárcenas o las fiestas de cumpleaños de Ana Mato. Podría convencerles de que se involucrará personalmente en limpiar previamente la casa propia.

Quizás nosotros no vemos lo que “todo el mundo en la calle sabe”, pero también abrimos los periódicos y nos preguntamos: ¿por qué perseguir a la parte débil de la sociedad, cuando “la gente sabe” -y en este caso sí hay datos- que hay fraudulentos de alto copete a cascoporro entre Urdangarin, Pujol, Gürtel, Elena de Borbón o Blesa? ¿Cuántos años debería cometer fraude un inmigrante para equipararse a banqueros y políticos de tarjetas opacas? ¿Cómo es que el alcalde reivindica la mejora del control sobre el fraude, pero luego las medidas que propone no son sobre todos los dineros públicos, sino de discriminación a las personas en peor situación? ¿Por qué pretende dificultar aún más la vida a los perceptores honrados de ayudas sociales por causa de los fraudes pequeños y no hace lo mismo con el fraude grande de banqueros y políticos corruptos? ¿Es más fácil ir a por el débil? ¿Por qué se niega a ofrecer los datos sobre los que ha de basarse una acusación?