se cumplió ayer el 35 aniversario de aquel histórico 25 de octubre de 1979 en el que la gran mayoría de los ciudadanos vascos decidió en referéndum la ratificación del Estatuto de Gernika, mediante el que Euskadi accedía a la actualización de su autogobierno. Tres décadas y media en las que los sucesivos gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP -en este aspecto no ha habido apenas diferencias- han negado a los vascos el pleno desarrollo de una ley que avalaron en las urnas con la esperanza de que tanto su carácter de acuerdo mayoritario entre los partidos como de pacto con el Estado y su contenido competencial fueran el instrumento de reconocimiento de su identidad, negada y perseguida durante los negros años de la dictadura franquista, y de avance hacia su progreso y bienestar. Es evidente que en todos estos años de vigencia del Estatuto, Euskadi ha logrado importantes avances en múltiples órdenes. Sin embargo, es también palpable que la falta de voluntad -y en algunos casos, la mala fe o la desconfianza- de los gobiernos españoles ha impedido que los vascos puedan de hecho disfrutar de mayores cotas de bienestar a las que podrían haber accedido merced a una gestión más cercana, eficaz y rigurosa de los recursos. Sería difícil explicar cómo es posible que 35 años después existan aún sin transferir más de una veintena de competencias que corresponderían a Euskadi. Y lo que es peor, con nula intención de hacerlo por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata, así, de un clamoroso fraude de ley en el que, en muchos casos, la violencia de ETA ha servido de excusa. Pero ya no puede seguir siéndolo. Desaparecido ese pretexto, el flagrante y reiterado incumplimiento alcanza su verdadera dimensión, corregida y aumentada por el brutal y progresivo proceso de recentralización emprendido por el PP. Con este bagaje, y después del tiempo transcurrido, Euskadi mira ya a un nuevo estatus, lo que no significa en absoluto abjurar del Estatuto y de sus potencialidades, que aún son muchas. El cumplimiento íntegro, y con ello la transferencia de las competencias pendientes, debería ser una obligación política y ética de cualquier gobernante. A partir de ahí, solo la voluntad de los vascos tras un proceso de diálogo, negociación y acuerdo entre los partidos debe determinar el futuro.