los datos conocidos en los últimos días sobre los gastos pormenorizados cargados a las denominadas tarjetas black por parte de altos cargos, directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia han escandalizado a una opinión pública ya habituada a soportar la publicación casi diaria de comportamientos indecentes, abusivos, contrarios a la ética más elemental o directamente ilegales por parte de representantes políticos, sindicales y empresariales. Unas actuaciones imperdonables y perseguibles para quienes las idearon y pusieron en práctica y también para quienes de manera aparentemente impune hicieron uso de las mismas y que, más allá de representar la forma de actuar de la marca España -y el consiguiente descrédito en el mundo- son indicativas del nivel de corrupción alcanzado en algunas instancias y la intolerable servidumbre al poder económico por parte de quienes debieran representar a la sociedad y, con ello, al bien público. La mera existencia de unas tarjetas opacas al fisco como remuneración prácticamente ilimitada e irregular como instauró en Caja Madrid Miguel Blesa -colocado como presidente de la entidad por el aznarismo- supone una inmoralidad escandalosa. El uso que la gran mayoría de los beneficiarios -de todas las ideologías- hizo de este sobresueldo incluso cuando, en plena crisis y con la entidad rescatada con recursos públicos para evitar su quiebra, es una desvergüenza y una deshonestidad sólo comparables a la desfachatez con la que tiraban de tarjeta para satisfacer sus caprichos. Dinero en efectivo extraído del cajero, viajes de lujo, compras en artículos como joyas y ropa, alcohol, gastos en locales de alterne, del colegio, gasolina y hasta juguetes figuran en los extractos de las tarjetas, lo que indica a todas luces que no se trataba en absoluto de tarjetas para gastos de representación. Más bien al contrario, el sistema black parece ideado -y asumido por sus beneficiarios- como una inmoral forma de comprar voluntades, de evitar críticas a una gestión que estaba siendo nefasta y con miles de perjudicados, de tener todo atado y bien atado por parte de los responsables de la caja. Una indignidad que debe ir más allá de la vertiente judicial y hacer reaccionar con mayor contundencia a los partidos, sindicatos y organizaciones salpicadas y a todo el sistema.
