La asunción por la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, de la responsabilidad política en la gestión de la crisis del ébola, la mayor crisis de salud pública de este siglo en el Estado, supone la admisión implícita -y forzada por las generalizadas y bien merecidas críticas- del cúmulo de errores cometidos tanto en los procedimientos implementados como en la información ofrecida a la sociedad. También es, en la práctica, una desautorización de la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien sin embargo y pese a todo sigue en el cargo y al parecer hasta participa en la nueva comisión interministerial. Pero, en cualquier caso, el modo en que se produce esa asunción de la negligencia propia por el Ejecutivo y el hecho de que llegue nada menos que cinco días después de su constatación pública tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero son, en sí mismos, muestra de la inopia del Gobierno que preside Mariano Rajoy, cuya mayor preocupación no parece ser aún hoy la preservación de la salud pública y la solución de la crisis del ébola sino minimizar el impacto político y electoral de la misma. No pueden entenderse en otro sentido las palabras del presidente español tratando de resaltar el bajo riesgo de propagación del virus -que, ciertamente, es muy inferior al de otros virus conocidos- cuando las carencias de previsión, prevención y formación que se han hecho patentes en el Estado han elevado ese porcentaje al escandaloso ratio de dos enfermos, un contagio. Y no puede entenderse de otra forma el inútil intento de ocultar responsabilidades planteado por su vicepresidenta cuando minimiza la decisiva y nefasta incidencia de las decisiones gubernamentales al señalar que “los puestos políticos son los menos importantes” y que “el análisis de los errores no es la prioridad del Gobierno”. Porque han sido las decisiones tomadas por los responsables políticos las que han provocado la actual situación, porque es tan imprescindible como urgente conocer y analizar los errores cometidos con el fin de que no puedan repetirse y porque, independientemente de la gravedad real de la situación, las actitudes y declaraciones de esos responsables y la alarma social que han creado exigen respuestas mucho más claras y rotundas que la creación de un gabinete de crisis o una comisión científica.