El hecho de que la denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no contemple la opinión de los estamentos educativos, ignore el siempre necesario consenso social y político en materia de enseñanza, vulnere la “competencia exclusiva” en Educación que especifica el Estatuto de Gernika y tenga origen en un mero impulso ideologizado, ideologizante y uniformador no evita, en todo caso, su preceptivo cumplimiento, como ley orgánica que es, a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional respecto a los recursos presentados contra la misma. Y no lo evita no ya por un simple imperativo legal, sino porque este lleva implícito el riesgo de situar a la comunidad educativa, y más concretamente al alumnado, en una suerte de alegalidad y, en consecuencia, en la inseguridad respecto al cómputo de sus resultados. Ante esa duda, la firme oposición del Departamento de Educación del Gobierno Vasco a los fundamentos de la Lomce no pasa por ignorar completamente los preceptos legales de la ley promovida por el ministro José Ignacio Wert y dejar al sistema vasco de enseñanza al albur de lo que pueda suceder en el futuro con los recursos en el TC, sino por intentar que dicha ley condicione el mínimo imprescindible el desarrollo de una enseñanza, la vasca, con resultados ampliamente superiores a los del Estado español. De ahí que, ante la escasa voluntad que el ministro muestra para un acuerdo que reconozca la especificidad de la educación en Euskadi, se considere lógico que, en la práctica, el sistema educativo vasco utilice los contados aspectos de la Lomce que puedan beneficiarle y, en ese sentido, el Departamento remita a los centros educativos las directrices de adaptación a los cambios derivados de la reforma de la ley, cambios a los que por desgracia la comunidad educativa está más que acostumbrada ante la que se puede considerar absurda concatenación de nada menos que siete reformas en tres décadas. Porque, evidentemente, la implantación de la Lomce no debe en ningún caso condicionar la calidad de la enseñanza en Euskadi, ni siquiera en el aspecto de su dotación presupuestaria, que Wert para colmo pretende endosar en un 55% (1.200 millones) a las CCAA mientras extrae 614 millones más del Fondo Social Europeo y únicamente aporta 350 (el 13%) de los Presupuestos del Estado.
