LA previsible próxima aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Protección del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que reforma la legislación sobre el aborto, pretende poner sordina a la generalizada oposición a una reforma que presenta un déficit fundamental: la ausencia de consenso -y de diálogo- tanto en lo social y político, como en el ámbito de la salud pública. En ese sentido, la asunción por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de una única alteración del proyecto de ley que reconsidera los motivos por los que se podría abortar -añade un supuesto en función del grado de malformación del feto- únicamente sería un intento de extender la apreciación de que el proyecto ha sido modificado para dotarlo de un carácter más abierto y acorde con el clamor general. Pero, muy al contrario, la iniciativa legislativa desoye la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que considera que las leyes restrictivas no consiguen reducir el número de abortos, y ha confeccionado bajo un impulso ideológico la normativa más limitadora del entorno europeo en respuesta a determinadas creencias religiosas que, siendo legítimas, en ningún caso pueden imponerse al acuerdo generalizado que venía existiendo en torno a la ley de plazos en vigor. Por otro lado, la inclusión del supuesto de malformación a los de violación y riesgo para la salud de la madre, tal y como se pretende, ni siquiera supone un ápice más de la libertad de decisión que la mujer exige, sino que añade a la madre un sufrimiento añadido al sumar un nuevo perfil al dilema ético al que ya debe enfrentarse. Sin olvidar que el concepto de malformación es tan amplio que difícilmente pueden acotarse sus grados de modo fehaciente en una ley, o que la consideración de una minusvalía como motivo de interrupción del embarazo puede causar, además de un grave ejercicio de discriminación, una percepción social equivocada que incumple el convenio internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificado por el Estado español. Convendría, por tanto, que el Gobierno Rajoy reconsiderara la oportunidad de una ley que él mismo cree más oportuno presentar a la sociedad lo más distante posible de periodos electorales.
