Las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron en plena campaña electoral un punto álgido que, con todas las cautelas necesarias en asuntos como un conflicto de este calado, permite pensar que el país americano puede hallarse en la senda del objetivo de que callen las armas. Los términos del convenio que acaban de pactar el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla colombiana tienen suma importancia, real y simbólica, y suponen el tercer acuerdo de los seis de la hoja de ruta fijada en la agenda de las negociaciones. En virtud de este acuerdo, las FARC se comprometen a poner fin "a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiera presentado" respecto a lo que denominan "el problema de las drogas ilícitas". Es decir, la guerrilla se responsabiliza de romper relaciones con el narcotráfico, un negocio que mueve millones de dólares y que le ha reportado a la insurgencia colombiana un sistema de financiación para mantener su lucha armada, bien directamente o bien a través del gramaje, o impuesto a los productores de pasta base. Se trata, también, del primer reconocimiento por parte de las FARC -que esta semana cumplen 50 años de actividad guerrillera- de que esa antiética e hipócrita relación con el mundo de la droga y su tráfico ha sido estrecha y lucrativa a lo largo de su historia. Por su parte, el Gobierno de Bogotá intensificará su lucha contra la histórica corrupción ligada al narcotráfico, que carcome literalmente las instituciones. El acuerdo es, en sí, una buena noticia. Tanto más si sirve para apuntalar el proceso y las conversaciones de paz. Sin embargo, no hay que perder de vista que el pacto se ha alcanzado en la recta final de la campaña electoral, cuya primera vuelta el pasado 25 de mayo le dio ventaja a Óscar Iván Zuluaga, candidato del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por los sectores reaccionarios del país y acérrimo contrario a los acuerdos de paz. El acuerdo debiera permitir ahora al presidente Santos encarar la segunda vuelta electoral, que se celebrará mañana mismo, con alianzas que le otorguen garantías de triunfo en un momento en que su popularidad no es muy boyante. Pero la utilización electoralista del conflicto y la presión de los sectores ultraderechistas y del narcotráfico puede dar al traste con las esperanzas de paz.