los debates socioeconómicos de la campaña para las elecciones del 25-M parecen haber dejado en segundo plano otras cuestiones como el referéndum para la independencia de Escocia que, sin embargo, forma parte ineludible del horizonte político europeo inmediato e incluso de la futura realidad de la UE. En el caso de que los escoceses opten el próximo 18 de setiembre por la independencia, la misma estructura y concepción actual de la UE sufriría una sacudida que, además, podría tener continuidad a corto o medio plazo en otras naciones europeas sin Estado. Y ese resultado favorable a la independencia no es una posibilidad remota. La última encuesta conocida demuestra que el apoyo al No ha caído del 46% al 42% en apenas tres meses, mientras que el voto independentista se mantiene rozando el 40% con un 19% de indecisos. Incluso entre los 460.000 residentes en Escocia procedentes de Inglaterra el Yes parece ganar adeptos hasta alcanzar un 28% y, de hecho, ya es mayoría entre los escoceses de nacimiento (42% frente al 40%), algo impensable no hace tanto. El primer ministro británico, David Cameron, lo sabe y lo teme. Ha decidido jugar la carta de la Devolution con la promesa de una nueva cesión de poderes -más autogobierno- al Parlamento de Edimburgo en busca de desmovilizar al 14% de actuales votantes del Yes que aún podría dar marcha atrás. Pero el taoiseach Alex Salmond se ha apresurado a recordarle que la última vez que los tories prometieron la Devolution, Escocia tuvo que esperar 18 años y a un cambio de gobierno en Westminster para que Escocia pudiera gobernarse, siquiera en parte, por sí misma. En ese sentido, la credibilidad de los conservadores -a la que no ha ayudado la negativa de Cameron a debatir con Salmond- está muy dañada y la inclusión del expremier británico Gordon Brown en la campaña del Better Together (mejor juntos) parece relativizarse, pese a su origen escocés, por la caída libre que ha experimentado el laborismo entre los potenciales votantes. Y hasta la aventurada advertencia de Londres sobre un presunto colapso de las pensiones, que son porcentualmente de las más bajas de la UE, quedaría minimizada por el hecho de que el premier Cameron acaba de aprobar un retraso de la jubilación a los 66 años en 2018 y a los 67 en 2026.
