El azar, muchas veces terrible, ha hecho coincidir la entrada en vigor, el pasado viernes, de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial con la tragedia que tuvo lugar pocas horas antes en una carretera de Badajoz en un siniestro en el que fallecieron cinco niños que viajaban en un microbús que chocó con una máquina agrícola. Un hecho que ha sacudido a la opinión pública tanto por el irreparable balance de pérdida de vidas humanas, sobre todo tan jóvenes, como por las circunstancias en las que se produjo. De momento, y a la espera de que se desarrollen y concluyan las investigaciones, se sabe que el brutal impacto se produjo cuando el microbús adelantaba a la retroexcavadora y ésta efectuó un giro brusco a la izquierda, y que el conductor dio positivo en los análisis que se le efectuaron, ya que había consumido cocaína y hachís. Más allá de otras cuestiones que deberá aclarar la investigación -si el conductor huyó tras provocar el siniestro, si señalizó o no el giro que iba a efectuar o si viajaba otro hombre con él-, lo cierto es que la lógica conmoción por las consecuencias de una actitud irresponsable y homicida al volante -el juez ha imputado al conductor por homicidio imprudente- pone encima de la mesa la necesidad de tomar medidas para atajar las gravísimas consecuencias de este tipo de conductas. En este sentido parece que pretende ir la nueva ley ya en vigor, aunque es muy incierta su incidencia real sobre la prevención de accidentes y contiene otras disposiciones contradictorias que pueden confundir a los usuarios y dar al traste con lo que se busca. La nueva norma castiga con una dura sanción económica de mil euros la mera presencia de drogas en el organismo del conductor -es decir, basta que se haya consumido-, mientras que conducir bajo la "influencia" de estupefacientes es ya considerado una infracción penal. También se endurecen las sanciones por consumo de alcohol. Sin embargo, los cambios previstos -entrarán en vigor tras su inclusión en el Reglamento de Circulación, probablemente en junio- en los límites de velocidad son ciertamente confusos y probablemente innecesarios. Tragedias como la de Badajoz evidencian que queda mucho por hacer mucho más allá de duras normativas que, por otro lado, son necesarias pero que adolecen de precisión y rigor.