Es evidente que en Euskadi, aunque no solo, el ámbito de las relaciones laborales no atraviesa por un periodo de concertación y concordia. La prácticamente inexistente comunicación entre la mayoría sindical y la patronal parece anular la iniciativa del Gobierno Vasco -que se retoma casi un año después del intento de cerrar un acuerdo interprofesional en julio del pasado año- por seguir la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "En un mundo de creciente interdependencia y complejidad y de internacionalización de la producción, el diálogo sin límites entre gobiernos y representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores es ahora más relevante para hallar soluciones y construir la cohesión social". Y no se trata de apelar al diálogo social tal y como lo planteaba Habermas, desde el buenismo de la comprensión mutua y la confianza en un entorno libre; pero sí al menos de exigir el inicio de un proceso de toma de decisiones más allá de la rigidez de las posiciones actuales, empeñadas en contraponer la reactivación económica a la estabilidad del empleo o, cuando menos, en anteponer cada cual una a la otra. En Euskadi existen sobradas razones para superar esa fase. Desde la tradicional especificidad de la estrecha relación empresario-trabajador, insertos ambos en una sociedad que ha sabido demostrar su cohesión incluso en los tiempos más difíciles, hasta la existencia de gran parte de los requisitos para que dicho diálogo se produzca: actores reconocidos y con capacidad de liderazgo, puntos de partida y premisas evidentes, reglas del juego y dirección política para canalizar las demandas... Así, la falta de comprensión del interlocutor, la intransigencia al no considerar siquiera que determinadas demandas no se pueden plantear sin infligir un quebranto y determinadas condiciones no se pueden imponer sin generar un conflicto, se antoja el único impedimento de un diálogo social que, no cabe obviarlo, también parece mediatizado por la proximidad de las elecciones sindicales. Unos y otros, patronal y mayoría sindical, deben comprender en cualquier caso que un marco grato -y eso incluye baja conflictividad pero también condiciones laborales estables- no es consecuencia ni premisa previa sino condición indispensable de un nuevo despegue económico de Euskadi.