La declaración del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el juez Pablo Ruz en la que confirma que la contabilidad b del partido se extendía a todas sus delegaciones regionales cuestionaría, no solo las prácticas de la formación que lidera Mariano Rajoy durante sus 32 años de existencia, sino también su legitimidad política. El PP y sus dirigentes no podrían escudarse en ese caso en la supuesta actividad de un grupo concreto, dado que se trataría de una práctica generalizada en tiempo -con Fraga, Hernández Mancha, Aznar y Rajoy en la presidencia- y espacio en el Partido Popular. Bárcenas no solo extiende la contabilidad b a todas las áreas geográficas del PP, extremo que deberá probar la investigación judicial, sino que la remonta al menos hasta el periodo (1987-1990) en la que ejercía como tesorero Rosendo Naseiro, a quien únicamente un defecto de forma libró de una condena por financiación ilegal en 1990. Así ya se hallarían inmersos en el sumario del caso Bárcenas todos los tesoreros que en el PP han sido desde la refundación en dicho partido de AP: Ángel Sanchís (1982-1987), imputado tanto en el caso Naseiro como en el caso Bárcenas, en este último por un posible delito de blanqueo de capitales; el propio Naseiro; y tras éste Álvaro Lapuerta (1993-2008, con Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes en la secretaría general del partido), también citado como imputado por el juez Ruz y antecesor en el cargo de Bárcenas, quien ha ejercido, tras ser nombrado por Rajoy, hasta su imputación en 2009. Si además se considera que el PP ha sido el partido que más donaciones anónimas ha recibido -y en su tiempo el que más presentaba como tales-, cabe al juez Ruz pero también al ciudadano preguntarse por el origen del dinero, decenas de millones de euros, que han nutrido durante más de dos décadas esa contabilidad b; también si todas las cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales que se atribuyen a Bárcenas corresponden solo a su persona y, en su caso, si como parece desprenderse de los denominados papeles de Bárcenas, el PP ha correspondido de algún modo a esas donaciones desde las instituciones que ha gobernado a nivel local y autonómico o desde el Gobierno del Estado. La mera sospecha, tan fundada como no aclarada por el PP un lustro después de la imputación de Bárcenas, quizá no dé lugar a responsabilidades legales, pero sí exige la depuración de las políticas. Al más alto nivel.
