fue el rey navarro Sancho VI el Sabio el que fundó la villa de Trebiño en el siglo XII, aunque cien años después pasó a manos de Alfonso VIII de Castilla, en un caprichoso intercambio de tierras transaccionado en el armisticio de la conquista del reino pamplonés. Estas rancias reminiscencias históricas son el único argumento que esgrime Burgos para mantener aun hoy su obstinada negativa a normalizar la situación del enclave Trebiño, cuya realidad administrativa ha llegado hasta nuestros días como un ridículo anacronismo. Como el perro del hortelano, Burgos no ceja en su cerrazón frente a Álava, pero se niega también a prestar los servicios públicos básicos a los treviñeses. Y éstos se ven hoy en tierra de nadie y perdidos en un absurdo bucle histórico, a pesar de su persistente y reiterada voluntad -expresada ya ante el gobierno del Conde de Romanones a principios del siglo XX, en sendas consultas populares en 1958 y 1998, en sucesivas citas electorales y avalada por la evidencia de la realidad social del enclave- de integrarse en Álava como la octava cuadrilla de pleno derecho. Pues bien, después de reiteradas iniciativas para intentar dotar de sentido común a la administración de cuestiones tan elementales como el acceso de los treviñeses a la educación y la sanidad públicas, a la cultura o la financiación de las inversiones de sus municipios, los ayuntamientos del Condado de Trebiño y de La Puebla de Arganzón han emprendido una nueva iniciativa legislativa ante las Cortes Generales, una vía legal y constitucional muy alejada de las aventuras rupturistas y soberanistas que les atribuyen los populares. Pero nuevamente se topan con un muro. Mañana les avalarán todos los grupos del Parlamento Vasco... salvo el PP, que sigue inmerso en su esquizofrenia de intentar responder al sentir unánime del electorado alavés y, al mismo tiempo, rendir pleitesía al orgullo patrio de sus correligionarios burgaleses, que han convertido Trebiño en su última pica en Flandes. Y volverá a rechazar esta iniciativa con argumentos tan democráticos como el que esgrimió ayer el diputado general de Álava, Javier de Andrés: que el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para abortarla. Una razón de tanto peso como la del armisticio de Alfonso VIII de Castilla.