aunque los temas de fiscalidad son complicados y a veces parece que nos los quieren complicar más, hay algunos cambios necesarios ahora más que nunca para garantizar ingresos en un Estado, comunidad autónoma o entidad local que todos podemos y debemos conocer.
La Red por la Justicia Fiscal define ésta como un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa y transparente y donde se asegure la financiación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio ambiente. Lo que se traduce en un proceso de redistribución de ingresos y de riquezas que promueva la equidad y la inclusión social.
Pero la situación en la que nos encontramos dista mucho de esta definición. Según estimaciones de la ONGD Oxfam, en el mundo se dejan de recaudar unos 120.000 millones de euros sólo por los fondos de grandes fortunas individuales escondidos en paraísos fiscales, lo cual supone el doble de lo que el Brookings Institute considera que se necesitaría para acabar con la pobreza extrema.
Para ello se manejan dos grandes vías. Por una parte, la evasión fiscal -entendida como el impago voluntario de los impuestos-, que es delito. Por otra, la llamada elusión fiscal, mecanismos de ingeniería financiera y fiscal que, a diferencia de la evasión de impuestos, son legales, aunque el fin sea el mismo: aprovechar un vacío legal para no tributar en relación con su volumen de negocio empresarial.
En Europa, según datos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude y la elusión fiscal suponen una pérdida de ingresos cercana al billón de euros. Y en 2012 en el Estado español supuso una pérdida de ingresos que ronda los 90.000 millones de euros.
Como podemos ver se trata de una crisis, con los consiguientes recortes de políticas públicas sociales y pérdida de derechos para los ciudadanos y ciudadanas, por falta de ingresos motivada no sólo por la disminución de la actividad económica, sino también por la falta de verdaderas políticas fiscales que persigan los mecanismos de evasión, elusión y la denominada planificación fiscal agresiva.
Los gobiernos están obligados a mantener los derechos de la ciudadanía. Esto sería posible si realmente se hiciera, en primer lugar, cumplir la ley y, en segundo, eliminar cualquier resquicio por el que empresas y contribuyentes pudieran saltarse su deber social.
La solución debe venir por la doble vía de evitar el blanqueo de dinero que proviene de la evasión fiscal a través de la eliminación del secreto bancario y revisar los incentivos fiscales de las distintas jurisdicciones, cuya inexistencia permite a las empresas buscar una tasa extremadamente baja.
En estos momentos en que distintos organismos internacionales (UE, G-8 o G-20) están trabajando en la revisión de la legislación fiscal -más para reducir déficits y cuadrar balanzas que por la lucha contra la pobreza y las garantías sociales-, debemos vigilar muy de cerca la evolución de las reformas, reclamando el avance hacia escenarios mucho más exigentes en la lucha por la justicia fiscal.
