EL nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016 aprobado por el Gobierno Vasco, con una dotación de 460 millones de euros, inicia un cambio de tendencia en las políticas públicas respecto a la que es necesidad básica y primaria del denominado Estado de bienestar al constatar un incremento de la demanda frente a la todavía escasa oferta de vivenda en alquiler. De hecho, apenas seis de cada cien viviendas ofertadas en el mercado inmobiliario lo son en la modalidad de arrendamiento, mientras el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide registra ya que las demandas de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en régimen de arriendo superan por primera vez a las demandas de vivienda en propiedad, culminando una transformación del mercado evidente: del 25% de la exigencia de VPOs en alquiler en 2006, al 39% de 2011, en la plenitud de la crisis, y el 54% del primer semestre de este año. Ello no es óbice para que el global del mercado vasco de vivienda siga condicionado por una fuerte tradición de compra-venta, quizás en consonancia con el elevado precio de unos alquileres cuya media en el mercado libre es similar a los de los más altos de las principales ciudades alemanas, pero no es menos cierto que las políticas públicas de vivienda deben ir encaminadas especialmente a paliar las dificultades para acceder a ese mercado, es decir, a la vivienda en sí; y que ya en 2009 cuatro de cada diez demandantes de VPO en propiedad que conseguían una adjudicación renunciaban a la misma al no hallar financiación, situación que se ha agravado con las consecuencias sociales de la crisis. En ese sentido, la apuesta del Gobierno Vasco por el alquiler al destinar al mismo casi la mitad (3.950 de las 8.000) de las viviendas previstas hasta 2016 es tan nítida como puede serlo en esa situación socioeconómica -por su repercusión también en cuanto a capacidad de inversión pública- y un mercado tan variables. Dicho cambio de tendencia se apuntala además con actuaciones que, a través de Bizigune, pretenden incidir paulatinamente en el otro problema endémico del sector, el de las viviendas vacías -84.890 según las últimas estadísticas oficiales de 2011-, para insertar en los próximos tres años en el mercado del alquiler 8.080 de ellas, una quinta parte de las que se consideran gestionables.
