quienes conformamos el movimiento por la integración de Treviño en Álava queremos trasladar nuestra indignación ante la actitud que está manteniendo el PP alavés y, en particular, el diputado general Javier de Andrés, ante la iniciativa puesta en marcha por los ayuntamientos del contencioso.
Los intentos de integración administrativa de Treviño en Álava se hallan documentados desde antaño. Frente a las manifestaciones a favor de la integración que se suceden a lo largo de los últimos siglos, el desprecio a la voluntad popular y al principio democrático ha sido la respuesta de las autoridades a los habitantes del enclave, en especial la Junta de Castilla y León y el Gobierno español. Remontándonos a la historia reciente, cuando a principios de los años 80, al amparo del Estatuto de Gernika, se instó la integración administrativa, la omisión del deber de resolver y autorizar el correspondiente referéndum fue la fórmula del Gobierno central para sostener la imposición jurídico-política. Hace más de 30 años tuvimos una inmejorable ocasión para resolver el contencioso, pero Madrid miró a otro lado.
La iniciativa planteada ahora por los ayuntamientos se enmarca en las facultades que asisten al Parlamento Vasco para proponer leyes a las Cortes Generales. Si bien desde la perspectiva legal ambas fórmulas resultan factibles, desde la óptica democrática queda patente la legitimidad de la iniciativa de los ayuntamientos, en contraposición con el derecho de veto al que quieren aferrarse las instituciones castellano-leonesas.
Así las cosas, ya no vale decir que se está de acuerdo con la integración administrativa siempre y cuando Castilla y León lo permita, pues el veto ya ha sido superado. El nuevo escenario ha pillado con el pie cambiado a aquellos representantes políticos que se hallaban cómodos bajo el paraguas del veto de Castilla y León. Eso les ha llevado a invocar nuevas argucias técnico-normativas para dar la espalda a la iniciativa acometida por los ayuntamientos.
El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha defendido que el marco normativo para la integración de Treviño es la Ley de Administración local que se halla en fase de tramitación. Sabido es que esta norma proyecta cercenar las competencias de las entidades locales, al tiempo que conllevaría una mayor sujeción de Treviño a Burgos. Interpelado al respecto, De Andrés no ha expuesto el cauce concreto que permitiría la integración administrativa y su partido, expirado el plazo para la presentación de enmiendas, no ha registrado propuesta alguna en este sentido.
La situación generada ha obligado a De Andrés a resituarse y a apelar a la necesidad de un nuevo proyecto normativo, pero ya no cuelan las excusas. Es tiempo de que el diputado general actúe como representante de los alaveses, que demandan mayoritariamente solucionar el contencioso treviñés, y deje de defender únicamente las posiciones del PP.
