Tribuna Abierta "Cuéntaselo a Garzón"

"Cuéntaselo a Garzón" ¿Propia de un chulo la expresión? Sí, sin duda, pero no sólo eso; esa expresión chulesca de desprecio es una prueba flagrante de la falta de consideración y elemental cortesía con que trata la policía a los ciudadanos que en la calle osan abrir la boca, defender sus derechos y no agachan la cabeza, porque de eso se trata, de agachar la cabeza. Pero hay algo más, algo que ejemplifica bien el momento que se está viviendo en este régimen policiaco: la policía puede hacer con los ciudadanos lo que le dé la gana, sin que a éstos les quepa otro recurso que el muy dudoso y muy costoso de las reclamaciones administrativas o penales, condenadas casi de antemano a dar en nada o en poca cosa. Son tantos los ejemplos que resulta inútil reseñarlos.

Por otra parte, esa frase despectiva encierra lo que piensa la policía del régimen de Rajoy y los suyos del franquismo, de las víctimas de la dictadura y, sobre todo, hace ver con quién están y con quién no; no desde luego con las víctimas, sino con los verdugos y con sus herederos, los que ahora mismo se permiten el lujo de echar incienso sobre el finado Mandela por cuenta de unos derechos humanos que conculcan con alegría. Y lo manifiestan con desplantes de majo, encima. No es sólo la obediencia debida lo que les mueve, sino una forma activa de demostrar cuál es la actitud gubernamental hacia las víctimas de la dictadura y hacia el franquismo que resurge con nuevos bríos: la exhibición de símbolos franquistas no está prohibida ni sancionada, llevar encima los colores de la República o exhibirlos, sí... o no, eso a capricho del policía o del burócrata de turno. Eso es lo malo, el capricho, la arbitrariedad más absoluta frente al respeto escrupuloso de la legalidad. A Emilio Silva la policía lo tenía identificado por ser el presidente de Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y ya lo tenían fichado de otras ocasiones. Es normal. Lo graban todo. Silva era un objetivo a abatir.

El propósito del Gobierno es descabezar los movimientos de protesta y resistencia o aquellos que meramente afean el paisaje, y los colectivos que se mueven en pro de la divisa de Verdad, Justicia y Reparación, lo estropean. De hecho, invitan a comisarios de la ONU a declarar que el Gobierno no hace nada en pro de esas víctimas y que, al revés, se aplica en el acoso en maneras disuasorias y represivas. Y el ministro Jorge Fernández Díaz, un tartufo de marca, se echa la mano al pecho y declara que le duele España. Es de no creer. La ley Fernández no viene más que a cubrir actuaciones policiales que ya se producen dentro de la más flagrante ilegalidad y cuya denuncia por parte de quien las padece es en la práctica inútil. ¿A quién recurrir? ¿Presentar denuncias que van a esa papelera que es el limbo cibernético? ¿Querellarse? ¿Contra quién, cómo, con qué testigos? ¿De qué vale tu palabras frente a la de un uniformado?

El comisario europeo que ha calificado de desproporcionada la ley de Orden Público de Fernández no tiene que buscar pruebas de lo que dice en el asombroso texto de la ley, sino en la calle. Es ahí donde puede recabar testimonios de los ciudadanos que ya han sido interpelados y amedrentados, sancionados sin motivo o por motivos difusos o directamente sancionados por sacar fotografías de actuaciones no ya poco correctas, sino delictivas o que deberían serlo de plano porque impedir a un ciudadano, de manera arbitraria y con abuso de autoridad, ejercer sus derechos es un delito.

¿Pero es que no hay en este país un juez o un fiscal valiente y honesto que alce su voz frente a estos atropellos? No parece, porque esto va a más. Cabe preguntarse qué va a quedar de todo esto. De entrada, un sentimiento de agravio irreparable por parte de los ciudadanos frente a los uniformados, no tratados como conciudadanos, sino como enemigos, algo heredado del franquismo, cuya policía no fue depurada en democracia. Y junto al anterior, el de la indefensión frente al Estado todopoderoso y sus servidores a sueldo, constituidos en una casta de intocables; y encima, el miedo a defender derechos elementales sancionados en una Carta Magna que hace aguas o aserrines por todas partes porque está agusanada, y el gobierno del PP lo sabe.