el concejo -también llamados parroquias o pedanías dependiendo de la zona- es la forma más sencilla y participativa de tomar decisiones y seguramente la más ancestral. Técnicamente es una reunión de vecinos agrupados en un núcleo pequeño de población, normalmente de carácter rural, que pueden tomar decisiones sobre sus ámbitos más cercanos.

El auténtico valor de los concejos reside, precisamente, en su sencillez de concepto y funcionamiento. Prima la horizontalidad, la transparencia o la participación sobre cualquier interés personal o partidista. Las necesidades, problemas y oportunidades vecinales se exponen, se debaten y se resuelven en reuniones participadas por la mayoría de las personas, ya que a todas afecta y todas se sienten parte de la solución. Los vecinos ni siquiera tienen conciencia de que están haciendo esa política con mayúsculas que pone a las personas en el centro de las decisiones, tan distinta de la política profesional, lejana e interesada.

También en el trabajo común del concejo existen las llamadas en nuestro territorio histórico veredas, una forma de organización básica y regulada de manera muy sencilla por las que los trabajos de interés común o de mantenimiento del pueblo son realizados por los propios afectados. Lo normal es que cada casa aporte un miembro a las veredas, que se realizan una o dos veces al año y que son motivo de convivencia entre vecinos.

Todo concejo tiene un presidente-regidor que no es el que manda, sino el que representa al pueblo ante instituciones superiores. Se elige cada cuatro años e, históricamente, estas elecciones -como las que se celebraron ayer en los concejos alaveses- son las más participadas de cuantas se realizan porque no se votan siglas ni ideologías, sino personas con cara e historia que están cerca de nuestros problemas y necesidades. Eso sí que es un auténtico voto útil, aunque el elegido pierde más que gana, pues dedica sus recursos materiales -desplazamientos, móvil u otros gastos menores-, su tiempo, sus energías o sus ideas sin una contraprestación monetaria. A lo sumo el pago suele ser alguna comida institucional. Y la satisfacción, eso sí, de que el trabajo que se hace durante cuatro años sirve para beneficio de todos, para desarrollo y mejora del pueblo.

Los concejos y entidades locales menores están en peligro ante la Ley de Administración Local que quiere colocarnos el Gobierno español con el cuento de que gastan muchos recursos públicos. Pero en realidad están en peligro por decidir y gestionar todos los asuntos en asamblea, democrática y horizontalmente, y esta democracia no está de moda. Los gobiernos quieren ciudadanos que paguen y callen.

Los concejos son una forma de autogestión modesta, pero sobre todo molesta. Los recursos que hacen falta para mantener los ritmos alocados de consumo de las urbes se encuentran en las zonas rurales. En nuestros suelos están las bolsas de gas pizarra, dentro de nuestras lindes están esas zonas tan atractivas para hacer chalés y urbanizaciones y en nuestros términos concejiles se encuentran los recursos minerales que quieren explotar grandes empresas. Todos estos recursos se gestionan de forma comunitaria y eso molesta a las administraciones.

Con la forma asamblearia de gestión de los concejos estamos defendiendo nuestros recursos y los de generaciones futuras. Y sobre todo estaremos demostrando a las instituciones que otra forma de hacer política es posible.