DE nuevo, la política ofrece el peor ejemplo a la sociedad vasca sobre el uso instrumental e interesado de la violencia en el debate partidario. No es cierta la acusación de cobardía y de abandono de las víctimas que algunos portavoces tanto de UPN como del PP han lanzado contra el PNV y, en especial, contra los socialistas en los debates de las mociones partidistas que ambas formaciones han llevado a algunos ayuntamientos de la CAV y Navarra tras la puesta en libertad de Inés del Río y de Juan Manuel Piriz. Es falsa de principio a fin, extemporánea e inmoral, e injusta para los compañeros y familiares de aquellos militantes nacionalistas y sobre todo socialistas que han sido asesinados o perseguidos por la violencia de ETA en las últimas décadas. La oportunista y demagógica presentación de estas mociones para declarar personas non gratas a los excarcelados tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo coincide con el inexplicable veto del PP a que tenga lugar un acto unánime con apoyo y presencia de representantes de todas las fuerzas parlamentarias vascas, en recuerdo a todas las víctimas en el Día de la Memoria que se celebrará el próximo día 10. En realidad, lo que buscan los populares con estas actitudes no es una deslegitimación de la violencia, sino cierto rédito político. Porque el objetivo final de esta estrategia perversa de trifulcas y manipulaciones interesadas es intentar alimentar una estrategia de confrontación política y trasladarla a la sociedad. No es nuevo este bombardeo sistemático de acusaciones y falsedades de la derecha política y mediática sobre supuestas cesiones del resto de la sociedad a ETA o sobre la supuesta venta de Navarra. La sociedad exige a los partidos principios y soluciones, y no unas sin otros; es decir, una política ética, no una política interesada. Porque a nadie se le oculta que esta nueva vuelta a la guerra de las mociones busca la exclusión interesada de adversarios políticos, instrumentalizar el dolor de las violencias e introducir confusión en la opinión pública para desviar la atención social de los problemas más actuales y reales que padecen hoy la ciudadanía. Porque es evidente que para condenar a ETA, antes o ahora, no hace falta coincidir con la ideología más extremista de la derecha.
