dicen que un producto sin marca no se vende. Nosotros diríamos aún más: que los derechos humanos deberían formar parte del ADN de toda marca. Es cierto que existen leyes y políticas que regulan la creación de empresas y sus actividades, pero los impactos de las corporaciones sobre los derechos humanos han sido y son escasamente abordados. Tras décadas de lucha contra la impunidad en que ciertas empresas han campado a sus anchas en su búsqueda del mero beneficio económico, parece que -poco a poco- reclamar a las empresas responsabilidades, perseguir las vulneraciones de derechos humanos que puedan cometer y exigir reparaciones podría dejar de ser sólo un desiderátum. Tal fue, por ejemplo, el caso de Bangladesh, donde tras lo ocurrido en Rana Plaza 80 marcas transnacionales se vieron presionadas a firmar un acuerdo para mejorar la seguridad en las fábricas. Aunque la reparación a las víctimas y familiares es otra historia aún pendiente. Y seguimos guardando en la memoria casos como los de Bhopal, Chernobyl o Nigeria.
Cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en junio de 2011 los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, su gran aportación radicó en precisar tres obligaciones básicas para los Estados y para las corporaciones como proteger contra las conculcaciones de los derechos humanos -responsabilidad de los gobiernos-, respeto a los derechos humanos por parte de las empresas y remediar las conculcaciones que se produzcan, que atañe a ambos. Y siguiendo ese impulso, la estrategia de responsabilidad social corporativa formulada por la Unión Europea emplazó a los Estados miembros a elaborar planes nacionales para materializar esos Principios Rectores.
Cuando más de dos terceras partes de los Estados europeos tienen ya sus propios planes, el Estado español todavía está en proceso de elaboración. La Oficina de Derechos Humanos del Gobierno de España, encuadrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, prevé que esté concluido a finales de este año. Pero esta iniciativa, que en principio podría parecer positiva, está llevándose a cabo mientras se ponen en marcha medidas gubernamentales que sitúan a la ciudadanía en una posición de mayor desprotección y vulnerabilidad; medidas tales como la reforma laboral y otras prácticas que favorecen recortes de derechos y la privatización de los servicios y recursos públicos, primando los intereses empresariales frente al interés público.
El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos se está elaborando sin realizar un diagnóstico previo de la situación a abordar y su borrador se limita a enumerar una serie de objetivos genéricos que ya vienen detallados en el Derecho Internacional, sin avanzar en la necesaria garantía frente a posibles riesgos y conculcaciones incurridas por las empresas. El objetivo de todo plan elaborado por una administración pública debería ser el bien común, planteando mejoras tangibles para incidir de forma efectiva sobre aquellos derechos y colectivos real o potencialmente afectados por las actividades empresariales. Debería definir medidas concretas que conlleven asegurar la coherencia política horizontal y vertical, garantizar mecanismos de reclamación y reparación efectivos, fortalecer la reglamentación y capacidades, desarrollar herramientas de aplicación, asegurar el control y la vigilancia o sensibilizar a la ciudadanía, entre otras. Medidas que respondan a las necesidades particulares de cada colectivo para acabar con las rentas diferenciadas entre asalariados; con la desigualdad en el acceso, condiciones y salario entre mujeres y hombres; con la esclavitud infantil; con las normativas discriminatorias hacia inmigrantes o con la contaminación ambiental impune.
Más allá del resultado final del proceso en el ámbito estatal, el Gobierno Vasco se encuentra ante una interesante oportunidad de promover ciertos tipos de producción y consumo o penalizar otros. Teniendo en cuenta el interesante proceso que estamos viviendo en Euskadi en los últimos tiempos, una de las señas de identidad de la marca Euskadi Basque Country debería ser el respeto de todos los derechos humanos de todas las personas. Por ello, Argituz emplaza al Gobierno Vasco, desde su corresponsabilidad, a diseñar y desarrollar medidas colaborativas que garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales en las empresas vascas en toda su área de influencia, aquí y en los territorios donde operan, y que conlleve garantizar esos mismos derechos a quienes subarriendan, suministran y abastecen. Sólo así podremos aportar el valor añadido que busca diferenciar y hacer más competitivas a las empresas.
Los criterios de respeto a los derechos humanos no deberían ser percibidos como una carga adicional e inasumible, sino que constituyen un plus estratégico para nuestra imagen de País y para la sostenibilidad local y de todo el planeta en su conjunto. Es cuestión de compromiso con un progreso más visionario y justo, basado en modelos de desarrollo humano garantistas, integradores e innovadores.
