araba era uno de los territorios más castigados por la pomposamente llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Gobierno del PP acaba de tramitar en el Congreso de los Diputados y que pone en el disparadero a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes -todos los alaveses, a excepción de la capital Vitoria- y podía haber supuesto la desaparición de los concejos. En la idiosincrasia administrativa alavesa adquieren gran importancia los municipios pequeños y los más de 300 concejos -60 de ellos alrededor de Gasteiz- que regulan los aspectos más mundanos de la vida local -como la gestión de los montes, el alumbrado, el abastecimiento de agua, los caminos o el centro social- y ofrecen un cauce de participación directa y cercana al que otras instituciones no llegan, y si tuvieran que cubrirlo lo harían a un coste considerablemente mayor. Los concejos alaveses son una especie de rara avis -que beben de la tradición de la figura popular del auzolan- que estaban condenados a desaparecer con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy bajo el pretexto de controlar el déficit de las entidades locales menores. La Diputación de Álava, regentada por los correligionarios de Rajoy, no ha movido un dedo contra este proyecto, quizás porque le venía a hacer el trabajo sucio. Pero el PNV acaba de pactar en Madrid con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría una enmienda que salvaguarda las competencias vascas, según la cual serán las diputaciones y no el Estado las que fijen sus propios criterios para adecuar la reforma local y, por tanto, los ayuntamientos no van a tener que rendir cuentas ante Cristóbal Montoro, sino ante el gobierno foral. Esto no significa que no haya que mejorar la eficacia y el funcionamiento de las entidades locales, pero al menos evita el espíritu centralizador y liquidador que impulsa el PP. El proyecto presupuestario del alcalde Javier Maroto -que destina 0 euros a los concejos vitorianos- y la escasa sensibilidad hacia las entidades locales del diputado general Javier de Andrés -a decir por el indisimulado desdén hacia los pueblos que muestra su titular de Administración Local, Javier Arbulo- hacen presagiar un sombrío futuro para los pueblos alaveses. Pero de momento, al menos, se han librado del hachazo de Rajoy.