las continuas referencias en los rifirrafes de PP y PSOE sobre las recetas que aplicaría cada una ante el actual desafío soberanista catalán -o ante las históricas aspiraciones vascas- denota hasta qué punto la configuración del Estado es, además de endeble, una asignatura aún hoy pendiente, 35 años después de que se aprobara una Constitución llamada a ser la respuesta a todas las interrogantes. En los últimos días, destacados dirigentes del PSOE -desde las distintas familias del PSC hasta Alfredo Pérez Rubalcaba, pasado incluso por un resucitado Felipe González- tratan de desempolvar una idea difusa de federalismo -un objetivo contemplado en sus documentos programáticos pero nunca desarrollado cuando están en el poder- para salir del paso y tirar por la calle de en medio. El federalismo vuelve a salir de la chistera como dique de contención ante el reto que supone el imparable movimiento catalán, así como las exigencias de un nuevo marco que se reclama desde Euskadi. Ante el inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy y de toda la sociología política y mediática de la derecha que le rodea, los socialistas intentan hacer ver que cuentan con una alternativa, a pesar de que el mismo Pérez Rubalcaba tentaba ayer la ropa al reconocer que le une con el PP que ambos partidos "quieren que se mantenga la unidad de España". No obstante, un secretario general del PSOE necesitado de reposicionarse insta ahora a Rajoy a iniciar un cambio de la Constitución hacia un modelo federal que aborde la realidad de Catalunya, pero el intento suena a un nuevo ejercicio para amortiguar las fuertes tensiones internas y las contradicciones entre los socialistas catalanes. Y es que nunca ha estado claro de qué habla el PSOE cuando se refiere al federalismo, más allá de una nueva equiparación entre las 17 autonomías y otro café para todos que, de paso, diluya especificidades de autogobierno y derechos históricos. Quizás el discurso que los socialistas emiten desde Madrid esté ya superado. Después de cuatro décadas de reivindicar el ejercicio de derechos y el cumplimiento íntegro de los Estatutos autonómicos han dejado sobradas pruebas de la enorme dificultad -si no imposibilidad- del Estado español para hallar un encaje.
