el informe La trama de la desigualdad elaborado por la ONG Intermon Oxfam para cuantificar los niveles de pobreza en Europa plantea en toda su crudeza una situación real y el dramático horizonte que se dibuja a medio plazo por la deriva económica y las políticas de la dictadura de la austeridad. Las cifras resultan escalofriantes, ya que 12 millones de personas viven hoy en el Estado español con menos del 60% de la renta media, -ingresos inferiores a 9.267 euros al año- y de ellas más de dos millones han llegado a dicha situación a raíz de la crisis. Es decir, desde 2008 la pobreza ha alcanzado a una media de más de medio millón de personas al año, en coincidencia con el exponencial incremento del desempleo desde los dos millones y medio de parados de hace cinco años a los casi seis millones y con el agotamiento de las prestaciones en el caso de los desempleados de larga duración, más de tres millones. A esa absoluta precariedad en el empleo, base del aumento de la nueva pobreza en el Estado en el último lustro, hay que añadir otros dos factores que agravarán aún más el panorama en el futuro inmediato. El impacto de la subida de impuestos indirectos y el brutal recorte de las pensiones cercenarán en la próxima década la ya depauperada renta media familiar y contribuirán a engrosar la bolsa de la pobreza con otros ocho millones de personas en el Estado español, que en 2025 tendrá a uno de cada tres nuevos pobres de la Unión Europea y llegará a los veinte millones de habitantes -el 42% de la población- en situación de penuria, según alerta Intermon Oxfam. Ciertas reformas impositivas -especialmente las que afectan al consumo de primera necesidad, como el incremento del IVA o de la luz- han permitido que las diferencias de renta entre los más ricos y los más pobres se hayan triplicado en los últimos cuatro años. Y, al mismo tiempo, un tercio de los Presupuestos del Estado se dedica a saldar deuda pública, lo que arrampla con las prestaciones sociales y supedita la capacidad del sistema de Seguridad Social. No se trata de demagogia, sino de la urgente necesidad de revisar el orden de prioridades de las políticas públicas para evitar el regreso a los desequilibrios de la primera mitad del siglo XX y a sus consecuencias sociopolíticas.
