los cambios previstos por el Gobierno de Mariano Rajoy en el perverso método de cálculo de las pensiones mediante la utilización del factor de revalorización -que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema durante 11 años- y el factor de sostenibilidad que se calculará cada lustro en función de la esperanza de vida a partir de los 67 años, suponen en la práctica la cuarta reforma de las pensiones en un escueto periodo de 24 meses y el enésimo recorte en la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que al finalizar esta década habrán dejado de ingresar una media de 400 euros anuales. Quienes defienden esta nueva reforma esgrimen, una vez más, la cantinela de la dudosa sostenibilidad del sistema y la alarma de su posible quiebra, al tiempo que resaltan el recorte en las prestaciones a los casi nueve millones de pensionistas del Estado como un ahorro. Ocultan, sin embargo, que esos 33.000 millones de euros que esperan ahorrar en los próximos nueve años ni siquiera llegan a los 37.000 que el Estado ha dedicado ya a las ayudas directas al sector financiero o, si se prefiere, que los 5.000 millones anuales que el Gobierno del PP pretende ahorrarse a costa de las pensiones contributivas son poco más de los 4.500 millones que enterró en Bankia a través del FROB. Y obvian asimismo que el Gobierno Rajoy ha invertido el 90% de los 65.000 millones de euros que el pasado año tenía el fondo de la Seguridad Social en comprar deuda pública del Estado español, deshaciéndose de fondos alemanes y franceses, lo que -además de incumplir la ley que obliga a invertir las reservas de la Seguridad Social en deuda que tenga la máxima calidad crediticia- desmiente el razonamiento de que el factor de revalorización en sustitución del IPC pretende garantizar que el sistema de pensiones no abone a los pensionistas más allá de lo que puede soportar. En realidad, lo que pretende el Gobierno Rajoy es seguir respondiendo a las exigencias del rescate europeo y colaborar en la sostenibilidad no del sistema de pensiones, sino del sistema financiero mediante una paulatina precarización de las pensiones -los cálculos más pesimistas sitúan la media de las mismas en 2040 en 1.400 euros- que conlleve un impulso a su ya creciente privatización.
