gürtel se convirtió ayer en otro fantasma que planea sobre los dos mandatos de Alfonso Alonso en Vitoria-Gasteiz entre 1999 y 2007. En plena polémica sobre la comisión de investigación en el Consistorio -la cuarta que se abre en la casa- sobre el oneroso alquiler concedido al empresario Gonzalo Antón, el PSE vitoriano tiró ayer por elevación, revolviendo aún más el gallinero. Los concejales socialistas Patxi Lazcoz y Maite Berrocal, con un dossier de cincuenta folios en la mano, vincularon con el caso Gürtel la adjudicación -en abril de 2005- de la planta de reciclaje de Gardelegi a Sufi -una de las empresas inmersas en el sumario que instruye el juez Pablo Ruz-, basándose en un pago de 300.000 euros que dicha firma realizó a Nige, una de las supuestas sociedades pantalla de Francisco Correa, jefe de la trama corrupta. El exalcalde Alonso ya tuvo que lidiar con tres comisiones de investigación en el Ayuntamiento por sendas actuaciones urbanísticas irregulares de su gobierno municipal y ahora está moralmente emplazado a explicar los términos en los que su equipo negoció el controvertido alquiler de la calle San Antonio a cuenta de unas desorbitadas cantidades por un local que luego no se utilizó. Pero esas sombras, que apuntan sospechas de posibles cruces de tratos de favor en la ciudad, pero lejos de comportamientos delictivos, quedan en letra pequeña al lado de la grave denuncia con la que se destapó ayer el grupo municipal socialista. Y es que Lazcoz viene a situar al PP de Vitoria -y a Alfonso Alonso como exalcalde, actual presidente del partido en Álava y portavoz en el Congreso- en las ramificaciones de la trama Gürtel de presunta financiación ilegal del aparato popular. El PSE tendrá que acreditar que, efectivamente, esos 330.600 euros que Sufi pagó a Nige fueron a parar a la red de Correa como contrapartida a la adjudicación del Ayuntamiento de Vitoria. Pero el PP, que ayer escurrió el bulto diciendo que se trata de "una operación privada entre dos empresas", está obligado a aclarar todos los extremos del expediente de Gardelegi y a concretar -aunque sea un tercero, pero que le compromete como partido- qué servicio realizó exactamente Nige a la adjudicataria. Vitoria no puede tener más fantasmas en su trastienda.
