la pretensión de interpretar los datos de paro facilitados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como un síntoma de recuperación económica carece de fundamento tanto en el caso de la CAV -donde el número de desempleados ha crecido en 1.514 en agosto, hasta los 173.107- como en el cómputo del Estado, donde se ha producido una insignificante reducción de 31 parados, lo que mantiene el número total muy por encima de los 5,5 millones. Utilizar el optimismo como base del análisis, como intenta el Gobierno de Mariano Rajoy en virtud de una trampa estadística que ignora situaciones globales muy dispares, sólo se puede entender desde una visión cortoplacista de los rendimientos políticos y ante la acuciante necesidad de ofrecer noticias positivas ante el cúmulo de escándalos y desastres que afectan tanto al PP con el caso Bárcenas, como a las principales instituciones del Estado, llegando incluso a la Corona con el caso Nóos. Una interpretación ajustada de los datos debería llevar, por el contrario, a la prudencia. No sólo porque el número de afiliados a la Seguridad Social ha descendido en el Estado en 99.069 y 30.000 menos en la CAV, sino porque el desempleo ha ascendido en sectores clave de la recuperación económica como los servicios y la industria, especialmente por el excesivo incremento de los contratos temporales a tiempo parcial y el hecho de que únicamente 62.454 de los más de un millón de contratos firmados tienen el carácter de indefinidos. Cierto es que la zona euro parece haber abandonado la recesión en virtud de inesperados y repentinos crecimientos del PIB en Alemania y Francia y que estos repuntes pueden actuar como tractores, especialmente en el caso de la economìa vasca, tradicional exportadora a Europa. Pero un análisis de los datos del paro que vaya más allá del factor estacional no invita al optimismo. Nadie apuesta por un crecimiento del PIB en el Estado español similar al alemán o francés -aun necesitaría el doble para crear empleo- y una visión general de la economía confirma un horizonte en el que se mantiene el descenso de la renta familiar y su brutal incidencia en el consumo, así como las dificultades de financiación para las empresas y su afección a las posibilidades de inversión.