hoy se cumple un mes desde que la tragedia estalló en Galicia, cuando un tren Alvia procedente de Madrid descarriló en Santiago de Compostela, dejando un balance de 79 víctimas mortales. En el primer momento la atención se centró en las víctimas, en el estado de las más de 150 personas heridas y en la sensación de incredulidad ante el hecho de que un accidente de semejante envergadura hubiese podido ocurrir en una vía rápida de reciente construcción. Urgía encontrar un responsable y la atención se fijó en la figura del maquinista, quien asumió la responsabilidad del descarrilamiento como consecuencia de un exceso de velocidad ante el que no reaccionó con la debida diligencia. Los máximos directivos de Renfe y Adif, por su parte, evitaron asumir ninguna responsabilidad y señalaron que la decisión de establecer las necesarias medidas de seguridad corresponde a los técnicos. Al día siguiente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció la adopción de 20 nuevas acciones para asegurar las condiciones de viabilidad y seguridad en el tramo afectado y en otros similares. Pero el caso ha adquirido una nueva vertiente esta misma semana. El juez Luis Aláez ha decidido imputar a los responsables de seguridad de las compañías ferroviarias, pues considera que también podría ser culpable quien no haya adoptado las decisiones que impidan que accidentes como el de Santiago puedan ocurrir. La reacción de los responsables de Renfe y Adif no ha sido ejemplar y ha quedado la impresión de que no van a facilitar la investigación judicial. Parece inadmisible que las partes afectadas se resistan a colaborar con el juez que instruye el caso para que se lleguen a precisar las responsabilidades que pudieran existir. También parece importante que todas las mejoras que quepa implantar para mejorar la seguridad de vías y trenes se ejecuten a la mayor brevedad. Sería impropio de un país moderno que, al mismo tiempo que se elogia el buen hacer mostrado en las tareas de rescate por sus profesionales y voluntarios, quede la sospecha de que son los responsables de lo público quienes por su laxitud y tardanza no actúan con la debida diligencia y se resisten a colaborar en el esclarecimiento de lo acaecido.