LA comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso del presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, y su homólogo de Adif, Gonzalo Ferré, así como el análisis que de las mismas han realizado PP y PSOE, los dos partidos que desde el gobierno del Estado han tenido y tienen competencia en el desarrollo y mantenimiento de la red ferroviaria estatal, adolecen de la claridad y concreción imprescindibles y exigibles ante la magnitud del accidente que costó la vida a 79 personas el pasado 24 de julio. Y ello, como el hecho de que la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, se produzca hoy, 16 días después, lleva a la presunción de que tratan de limitar las causas del siniestro al ámbito técnico y humano con el fin de eludir cualquier rastro de una responsabilidad política que se antoja evidente. Porque obvian, en primer lugar, que la seguridad, también en el transporte ferroviario y especialmente en el de alta velocidad, debe estar diseñada y ser efectiva para evitar o cuando menos paliar los estadísticamente ineludibles errores humanos y los tantas veces impredecibles imponderables técnicos. Y desde ese principio, PP y PSOE obvian también que la constatación por los responsables de Renfe y Adif de la inexistencia en el tramo Orense-Santiago en el que se produjo el accidente del sistema de seguridad ERTMS (European Rail Traffic Management System) homologado en Europa para las redes de alta velocidad no fue una decisión técnica sino política por cuanto fue el Gobierno el que decidió alterar la calificación de dicho tramo, limitando el sistema de seguridad al ASFA, que deja al maquinista el control de la velocidad. Obvian que 1.300 kms. de la red de alta velocidad no tienen ERTMS. Obvian también que mientras se han invertido 50.000 millones en las infraestructuras de alta velocidad, menos de la décima parte, 4.000 millones, bastaría para dotar de ERTMS a los 13.359 kms. de la red estatal -de poco más de 15.000- que no cuentan con el mismo. Obvian asimismo que fue una decisión politica la conversión de los trenes Alvia 130 en los Alvia 730 (diesel y eléctrico) para que se adaptaran a distintos anchos de vía y diferentes velocidades de tramo y que fue precisamente el primer coche, que sufrió la principal alteración, el que inició el descarrilamiento. De todo ello debería dar cuenta hoy la ministra de Fomento.
